En la fecha fue analizada por varias comisiones asesoras de manera conjunta, el proyecto de ley “De resolución de insolvencia”, documento que tiene origen en el Poder Ejecutivo y que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores.
Este proyecto establece las disposiciones sustantivas y los procesos de carácter universal destinados a resolver el estado de insolvencia del deudor, mediante la reorganización de las personas jurídicas insolventes viables o la liquidación de las inviables.
También para la reestructuración de las deudas de las personas físicas o la liquidación de su patrimonio para pagar a los acreedores y permitir la rehabilitación del deudor.
La reunión – conferencia web contó con la participación de representantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC); la Sindicatura General de Quiebras; el Banco Central del Paraguay (BCP); el Centro de Atención al Deudor; entre otras dependencias.
La ministra de Industria, Liz Cramer, explicó que la insolvencia es cuando una empresa, persona física o jurídica, no tiene, en ese momento, las condiciones ni la capacidad de pago para enfrentar sus obligaciones, al vencimiento de las mismas.
Entonces, con este proyecto de ley conocido también como “Nueva Ley de Quiebras”, lo que se busca es acortar los procesos que hoy en día no mueven la economía, según dijo.
La iniciativa promueve una estructura mixta en cuanto al trabajo de los síndicos (formación de unos 60 síndicos cuyos honorarios serán abonados por producción).
Sobre este punto, la ministra Cramer comentó que solamente existen seis síndicos públicos, actualmente, para atender todo el volumen de demandas en el sector.
“Básicamente, quien tiene convocatoria de acreedores al día de hoy, llega inexorablemente a la quiebra; hay que entender que el promedio, en el cual solucionan estos conflictos, es de cuatro años; es un proceso largo que no le sirve al acreedor, al que está en problemas, a la economía en general, porque los bienes están congelados; hay quiebras que duraron 13 y 14 años; ya ha habido muerte de acreedores y esto también hace que se pierda el valor de los patrimonios”, reflexionó.
Seguidamente, hizo uso de palabra el síndico general de Quiebras, Daniel Correa, quien sostuvo que esta ley se constituiría en un perjuicio para los intereses patrimoniales.
A su vez, el abogado Edward Arca, del Centro de Atención al Deudor, indicó que cargaría más costos al deudor, que ya se encuentra en crisis, al contratar a un síndico privado.
Dijo que el acuerdo extrajudicial tampoco da la posibilidad de “quita de intereses” en una situación excepcional de insolvencia, más aun por la crisis generada por la pandemia.
Solicitó, concretamente, que el documento sea rechazado.
Cambió el contexto
Para la diputada Rocío Vallejo, la modificación de los artículos en cuestión también afectaría otros puntos.
Mencionó que este proyecto fue presentado en un contexto totalmente diferente al tiempo en el que se trató en el Senado y que, incluso, la definición de “insolvencia”, no está claramente determinada.
El diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), sostuvo que si bien es una ley sumamente interesante, la preocupación se centra en el momento que atraviesa el país.
“Estamos hablando de la derogación de la ley que tiene vigencia desde hace más de 50 años, que evidentemente requiere una revisión, pero ello necesita un amplio debate”, opinó.
Los participantes de la reunión coincidieron en la importancia del intercambio de ideas y en la necesidad de seguir profundizando aspectos relacionados a la normativa. De hecho, el análisis seguirá en las diferentes comisiones asesoras de la Cámara de Diputados, la próxima semana.
