En esta época, donde tenemos muchas familias que están sufriendo la crisis económica que vivimos a causa de la Pandemia, donde indiscutiblemente, los más golpeados son nuestros niños, que están sometidos al encierro combinado con las necesidades económicas y el precario o nulo acceso a la educación. Para esas familias de escasos recursos, la provisión de alimentos escolares en todos centros educativos públicos del país, a cargo de Gobernaciones y Municipalidades, son esenciales para la subsistencia de las familias.
Se trata del proyecto de LEY Nº 5.210/14 De Alimentación Escolar y Control Sanitario cuya propuesta de modificación se analizará este miércoles en la cámara de diputados a iniciativa de un grupo de Diputados.
Según los proyectistas, esta ley que tiene como objetivo principal proveer de un alimento nutricional balanceado de calidad, de acuerdo a las características socioculturales y la disponibilidad de los productos e insumos alimenticios característicos de los territorios si bien es absolutamente necesaria, está sometida a arbitrariedades de los poderes de turno.
Es así, que, atendiendo a que la provisión de alimentos escolares ya sufre de una conocida reputación de “negociado”, se suma el hecho que en el 2019 el congreso aprobó en tiempo récord la modificación de ésta ley y promulgo la Ley Nº 6277-19 que Modifica los arts 2 y 10 de la Ley 5210 de Alimentación Escolar y Control Sanitario.
La ley vigente establece en el Art. 2 la obligación de complementar la alimentación escolar con la entrega a cada niño de 2 bananas 3 veces por semana. Y luego en el art. 10 inc f) establece que “ se deberá priorizar la adquisición de alimentos de la Agricultura Familiar, y en especial de la producción bananera nacional mediante procedimientos sumarios que garanticen la compra a sus integrantes”
Cuando se habla de la Agricultura Familiar, y se considera la Ley de Restauración y promoción de la Agricultura Familiar Campesina se entiende que agricultor familiar campesina, es el que vive y produce en su campo y tiene extensiones mínimas de tierras. Esta ley establece un REGRISTRO NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, donde deben registrarse las personas y su producción. así también se establece la obligatoriedad de comprar en los procesos licitatorios directamente del agricultor campesino, pero realmente esto no sucede, por la complejidad para ellos de presentarse en las licitaciones y llamados de compras.
Los impulsores de la normativa sostienen que el tema de Alimento Escolar es muy particular, porque en vez de beneficiar a los agricultores familiares de diferentes puntos del país, que podrían abastecer a su gobernación, distrito o municipalidad, la ley obliga únicamente banana en todo el país, de la agricultura familiar
En este contexto, señalan que el agricultor no produce solamente banana, ya que las zonas bananeras por ejemplo son San Pedro, Canindeyu y Caaguazu, pero esa banana tiene que llegar también al Chaco y otras zonas lejanas. Es más, existen informes de la Contraloría que cuestionan la calidad de las bananas reciben diferentes instituciones educativas públicas, habiendo comprobado la entrega de bananas en mal estado, el desperdicio de estas frutas, el costo y/o desgaste que genera la entrega, teniendo en cuenta de la distancia que deben recorrer para la entre, la condición de los caminos y los cuidados que requieren para su traslado y depósito.
Este proyecto de ley tiene por objeto modificar la exclusividad o privilegio que se ha dado a la producción de banana, estableciendo la obligatoriedad de la entrega de 2 bananas por niño 3 veces por semana en la provisión de alimento escolar en todo el país. La intención del proyecto es priorizar la adquisición de los productos de la Agricultura Familiar Campesina como alimento escolar para su entrega en estado natural o en como materia prima para la producción de alimentos. También prevé la innovación de incorporar la provisión de alimentos aptos para aquellos estudiantes con intolerancias o alergias alimentarias.
Esta ley choca con las denuncias realizadas en las últimas semanas por la Cámara del banano y la piña que exigen la compra de bananas dentro de lo presupuestado para alimento escolar a las gobernaciones y municipio.