Tras la denuncia formulada por la abogada Gilda Burgstaller ante el Ministerio Público solicitando la investigación de hechos punibles de «homicidio y lesión de confianza» del que resultó víctima la ciudadanía, tras el negligente manejo de la pandemia por parte del ejecutivo, la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez ordenó la apertura de una carpeta de investigación penal.
Entre otros aspectos, la denunciante solicita que sean indagados e investigados, el presidente Mario Abdo Benítez, y los exministros de Salud, Julio Mazzoleni y de Hacienda, Benigno López. Los mismos son acusados por la abogada de no utilizar de forma eficiente el presupuesto aprobado para el manejo de la pandemia, tanto para la compra de vacunas como equipamiento de los hospitales.
El escrito presentado en el Ministerio Público que el gobierno permitió la muerte de más de 8.000 compatriotas.
Los responsables de la investigación son los agentes fiscales de la unidad especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera.
