El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua inhabilitó este viernes al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL, derecha) que encabezaba una alianza opositora contra la reelección del presidente Daniel Ortega en los comicios del 7 de noviembre, tras anular su personería jurídica.
El CSE ordenó “cancelar la personalidad jurídica del partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL)”, indica una resolución del tribunal, leída por el secretario de actuaciones del organismo, Luis Luna, a medios oficialistas.
En la resolución firmada por los magistrados del CSE, en su mayoría afines al gobernante Frente Sandinista, el tribunal aceptó una petición del también opositor y colaboracionista Partido Liberal Constitucionalista (PLC) para que le fuera suspendida su licencia legal.
Según María Haydeé Osuna, representante del PLC, CxL cometió “constantes violaciones a la Ley Electoral” debido a que “incumplió obligaciones” y a que su presidenta, Kitty Monterrey, tiene doble nacionalidad (estadounidense-nicaragüense).
Ante esta supuesta irregularidad, el PLC pidió al CSE “declarar nulo todo lo actuado por el partido CxL”. El tribunal electoral, en manos del oficialismo, también canceló la cedula de identidad de la presidenta de CxL.
Según el CSE, la presidenta de la agrupación “utilizó procedimientos irregulares” y “ha venido teniendo comportamientos fuera de las condiciones y regulaciones técnicas legales para esta clase de organizaciones políticas”.
El Consejo Electoral también ha cancelado la personalidad jurídica a tres partidos políticos, y el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, reformó la Ley Electoral, la cual estableció un mayor control en la estructura electoral a favor de los sandinistas.
En su considerando, el CSE explicó que ese poder del Estado tiene como atribución aplicar las disposiciones constitucionales legales referente al proceso electoral y dictar de conformidad con la ley de la materia las medidas pertinentes.
En ese sentido, argumentó que la Ley Electoral establece que no pueden ser inscritos como candidatos a los cargos de elección popular “quienes no tienen las calidades, tuvieren impedimentos o les fuera prohibido de conformidad” con la Constitución y una serie de leyes, aprobadas recientemente por los sandinistas.
Entre esas leyes, el CSE mencionó la Ley de Regulación de Agentes Extranjero, y La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
El artículo 1 de la segunda Ley, indicó el CSE, establece que no se pueden inscribir como candidatos “a los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe e intento de golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, entre otros.
En el actual proceso electoral las autoridades han arrestado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales.
El presidente Ortega, un ex guerrillero próximo a cumplir 76 años, busca su quinto mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en las elecciones de noviembre.
Fuente: Infobae.com