La Cámara de Diputados ratificó su apoyo al incremento salarial para docentes y personal de enfermería, mediante la unánime aprobación, con modificaciones, del proyecto de ley “Que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social, para mitigar el impacto de la pandemia de la covid-19 o coronavirus”.
El texto será remitido nuevamente a la Cámara de Senadores.
El documento utilizado como base de estudio fue el emitido por la Comisión de Presupuesto, cuyo titular, diputado Tadeo Rojas, explicó que, luego de un exhaustivo trabajo, se llegó a un dictamen con modificaciones.
Señaló que no sólo se modifica el artículo 4°, inciso e), con lo que exceptúan a docentes y personal de enfermería, de la prohibición de aumentos salariales, sino que también disminuye el monto asignado a ollas populares y redirecciona el saldo a otras instituciones.
Asimismo, se autoriza a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN), a usar el presupuesto asignado a la compra de medicamentos y tratamientos, no solo para pacientes de Covid-19, sino también para otras enfermedades (dos millones de dólares), por pedido de la propia institución.
Durante su tratamiento en el pleno, el documento sufrió otras alteraciones, como la del artículo 4°, inciso d), que suspende la implementación de la política de desprecarización laboral del personal contratado que realiza funciones en relación de dependencia, en la función pública, exceptuando, al personal dependiente del IPS, y el personal de salud que presta servicios en organismos y entidades del Estado. Este cambio fue planteado por el diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), al que se adhirió la Comisión d Presupuesto.
Otro cambio se dio en el artículo 20, en el que se distribuyen cinco millones de dólares que estaban destinados a las ollas populares, de la siguiente manera: un millón para el INDI; un millón al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH); y tres millones al Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat, para ejecución de proyectos de viviendas sociales.
Igualmente, fueron testados los artículos 22, sobre el “Programa de Alimentación Escolar del Paraguay (PAEP)”; y el artículo 38, que autorizaba al Poder Ejecutivo a reasignar una porción, o el total, de los saldos no comprometidos de los contratos de préstamos que hayan sido aprobados por ley.
A instancias de la diputada Kattya González, en el apartado 42, se agregó la obligatoriedad de una rendición de cuentas trimestral, por parte del Ejecutivo, que deberá ser remitida al Congreso y a la Contraloría General de la República, conteniendo el detalle de las acciones presupuestarias y modificaciones que, en uso de facultades normativas, le autoriza esta ley.
Finalmente, el artículo 44, sobre recursos no ejecutados y su reasignación a la cartera de Salud, vale indicar que fue aprobado con una sugerencia del diputado Sebastián García (PPQ-Capital), quien pidió que parte de este dinero también vaya al FOGAPY.
Los compromisos deben ser cumplidos
Previo al estudio en particular del documento, varios congresistas se manifestaron a favor del sector docente, como el caso de la diputada Rocío Abed, quien sostuvo que la labor de los educadores es un trabajo complejo. “No se pueden postergar las necesidades de los maestros”, remarcó.
En la misma línea se manifestaron sus colegas, Antonio Buzarquis, y Jorge Brítez. Este último, sostuvo que “si el Estado hizo un compromiso con los maestros en el presupuesto, se debe cumplir”.
Por su parte, la diputada Cristina Villalba, leyó ante el pleno una carta remitida por docentes de su departamento, en la que los educadores narraban las carencias con las que llevan adelante su labor en medio de la pandemia y el abandono del Ministerio de Educación.
A su turno, la legisladora Celeste Amarilla, dijo que los maestros deben apuntar a una mayor y mejor educación; capacitación; y pertenecer a la élite educativa nacional. “Una vez superados los filtros de evaluación, exijan triplicar sus salarios”, aconsejó.
El parlamentario Carlos Silva, en otro momento, remarcó la necesidad de un mayor control del dinero aprobado al Poder Ejecutivo; y dijo que “es preocupante que se autorice cambiar gastos de capital a gastos corrientes”.
“Dejaremos de hacer obras para atender necesidades sociales. Se debe empezar a controlar los gastos”, advirtió, luego.
Por último, el diputado Pastor Vera, criticó duramente al gobierno nacional, al afirmar que “solo se mueve en base a las movilizaciones y los reclamos”.
“Vivimos en emergencia”, acusó el congresista, a la par de anunciar que en las próximas horas presentará un proyecto de ley que regula la carga horaria de los médicos.