La información fue confirmada por responsables del Ministerio de la Defensa Pública. El reporte señala que la población penitenciaria cuenta con un total de 15.000 personas privadas de libertad en las distintas Penitenciarías del país, de las cuales alrededor de 11.000 son asistidas por la Defensa Pública.
La defensora general, María Segovia, manifestó que las 11.000 personas asistidas reciben atención jurídica efectiva, cercana y amigable para la protección de los derechos humanos por parte de las Defensoras y Defensores Públicos.
Así también la Defensoría Pública asiste a personas en situación de pobreza, niños, niñas y adolescentes que son víctimas de maltrato y mujeres víctimas de violencia.
La institución además asiste a personas extranjeras, migrantes que, al ingresar a un nuevo país, se encuentran en mayor desprotección de sus derechos, en ese sentido para hacer frente a todo ello, cuenta con un equipo especializado de defensores y defensoras que atienden temas relacionados a migración y movilidad humana, a personas pertenecientes a pueblos indígenas además de la labor desplegada en salvaguarda de los derechos de la niñez propiamente.
La Defensora General recordó que en el año 2020 se superó la cifra de 75.000 personas privadas de libertad atendidas desde la Defensa Pública. Por otro lado, refirió que durante el primer semestre de este 2021, a través de la representación legal brindada por los Defensores y Defensoras Públicas del Fuero Penal, se logró un total de 1.470 libertades de personas que se hallaban recluidas.
De acuerdo con los datos brindados por la Dirección de Gestión del Área Misional de la institución a cargo del defensor adjunto, Paublino Escobar, la institución registró un total de 41.699 audiencias sobre diferentes casos en los que interviene, y el Fuero Penal fue el que registró mayor cantidad de ellas con un total de 27.455. En estas audiencias los Defensores y Defensoras participan activamente ante el Juez competente de modo a efectivizar el acceso a la Justicia y a la información sobre las causas de quienes utilizan los servicios de la Defensa Pública, además de resguardar el debido proceso en el ámbito de su competencia.
