Durante una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados procedió a la conformación de la comisión especial que se encargará de analizar el pedido de intervención de la Gobernación del Departamento Central, remitido hace unos días por el Poder Ejecutivo.
La conformación del citado bloque quedó estipulada de la siguiente manera: siete diputados de la ANR; cuatro diputados del PLRA; y dos diputados del tercer espacio (denominación brindada al conjunto de bancadas que representan a los partidos minoritarios).
Por la Asociación Nacional Republicana (ANR) – Partido Colorado, fueron designados como miembros de la comisión, los legisladores Derlis Maidana (ANR-Misiones); Cristina Villalba (ANR-Canindeyú); Miguel Del Puerto (ANR-Caaguazú); Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes); Esteban Samaniego (ANR-Paraguarí); Edgar Espínola (ANR-Caaguazú); y Ángel Paniagua (ANR-Central).
Por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), integrarán el estamento en cuestión, los diputados Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes); Pastor Vera (PLRA-San Pedro); Edgar Acosta (PLRA-Central); y Rodrigo Blanco (PLRA-Central).
Mientras, el denominado “tercer espacio”, designó como representantes ante el bloque, a las parlamentarias Kattya González (PEN-Central); y Rocío Vallejo (PPQ-Central).
Cabe señalar que el pedido de sesión extraordinaria, a fin de proceder a la conformación de la comisión especial, se dio en medio de la sesión ordinaria de esta semana, por iniciativa de los diputados Edgar Acosta (PLRA-Central) y Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes).
La convocatoria de parte del titular de la Cámara Baja, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), estableció como único punto “la conformación de la comisión especial para estudiar la solicitud de acuerdo constitucional para disponer la intervención de la Gobernación del Departamento Central, remitida por el Poder Ejecutivo con Mensaje N° 589”.
Procedimiento
Tras la conformación de la comisión especial, y una vez que ésta remita su dictamen la Cámara de Diputados (en un plazo no mayor a 15 días), la plenaria resolverá si concede o no la intervención.
En caso afirmativo, el Poder Ejecutivo designará un interventor, que deberá elevar sus conclusiones a la Cámara de Diputados, en un plazo de hasta 90 días.
Culminado ese plazo y recibido el dictamen del interventor, por mayoría absoluta, la Cámara de Diputados podrá decidir la destitución o no del gobernador, en base a las causales establecidas en la presente disposición (Ley 317/94, Que reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y/a los gobiernos municipales).
