A instancias de los diputados Kattya González (PEN-Central), Norma Camacho (PEN-Central), y Edgar Acosta (PLRA-Central), Sobre Tablas, la plenaria de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución “Que pide informe al Ministerio de Defensa Nacional sobre los hechos ocurridos en la localidad de Sargento López, Departamento de Concepción, en fecha 19 de noviembre de 2021”.
El documento indaga sobre los hechos ocurridos durante un enfrentamiento en el norte del país que terminó con el deceso de cuatro miembros del grupo criminal conocido como ACA-EP (Agrupación Campesina Armada – Ejército del Pueblo).
Los proyectistas aducen que se trata de una resta importante para el grupo criminal y que representa una noticia positiva para los intereses de la seguridad de Concepción y del país, pero que, no obstante, habría ocurrido un hecho muy particular, que el presente pedido de informe pretende dilucidar.
Recordemos que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), a través del comandante, Oscar Chamorro, apuntó que el abatimiento de los criminales fue el resultado de un exitoso operativo de las fuerzas militares; sin embargo, el fiscal Federico Delfino, señaló que la eliminación de éstos se produjo tras un enfrentamiento con otro grupo criminal, dedicado al narcotráfico que discute el territorio con la ACA”, señala parte del escrito presentado.
Añade que de confirmarse el “bochorno” de la atribución de un logro inmerecido, sentará un precedente indeclinable para determinar la poca efectividad y utilidad de la FTC, en su combata contra el crimen organizado.
El documento requiere detalles de la cronología del desarrollo del abatimiento de los cuatro miembros de la ACA; programación, uso y ejecución del aumento de recursos presupuestarios otorgado a la Fuerza de Tarea Conjunta, por un monto de 15 mil millones de guaraníes, en el mes de agosto pasado; y porqué existen versiones diferentes del suceso del 19 de noviembre pasado y a quién debe creer la ciudadanía.
“Resulta de urgencia y de interés nacional la exigencia de informaciones claras, concisas y veraces sobre lo ocurrido en el enfrentamiento, resaltando la importancia y la obligación que dispone el gobierno nacional de poder dar, por lo menos, informaciones coherentes a la ciudadanía, sobre las acciones realizadas en la lucha contra el crimen organizado que asola al norte de nuestro país”, refriere, finalmente, el documento.
Se establece un plazo de 15 días para la remisión de los informes solicitados.
