En la Cámara de Diputados, se presentó el proyecto de ley “De regularización social y financiera de los trabajadores de Acepar S.A.”, por iniciativa de los legisladores Basilio Núñez, Raúl Latorre, Tadeo Rojas, y Edgar Ortiz.
El documento busca autorizar al Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y de Hacienda, a proceder al pago del pasivo laboral de los obreros de Acepar, por los conceptos de salarios caídos, indemnización por despido injustificado por causa imputable al empleador, y sus respectivas cargas sociales del régimen legal del seguro social obligatorio para obreros y empleadores.
La liquidación deberá efectuarse de conformidad al Código del Trabajo, por un monto de hasta G. 24 mil millones.
El proyecto dice que el Estado deberá documentar el pago a través de la Escribanía Mayor de Gobierno, entidad que formalizará todos los actos notariales y protocolares siempre que sean necesarios para la implementación de la ley, quedando exonerados de cualquier honorario, tasa e impuestos que afecten la operación.
También refiere que en todos los casos la representación del Estado estará a cargo de la Procuraduría General de la República.
La iniciativa da autorización al Poder Ejecutivo a reglamentar los requisitos y procedimientos necesarios a fin de determinar la cuantía individual de los créditos indicados, así como los mecanismos operativos que resulten pertinentes para la implementación de la ley.
“El pago total, cancelando las acreencias individuales de los trabajadores, dispuesto en la ley, se constituye por el total como pasivo de Aceros del Paraguay S.A., y automáticamente, por imperio de esta Iey, convierte al Estado paraguayo en acreedor con privilegio y, en tal carácter, con preferencia en el pago antes que cualquier otro acreedor, quedando facultado a reclamar a la empresa Aceros del Paraguay Sociedad Anónima, o al órgano de liquidación correspondiente, las sumas de las deudas honradas y sus respectivos intereses”, señala uno de los principales artículos.
Los diputados, a través de la presentación, relatan como antecedente que a finales de 2013, ante la demanda promovida por incumplimiento del contrato de venta al consorcio COSIPAR, asumió la administración judicial y se confirmó que la actividad estaba parada, sin stock de materia prima, con cero disponibilidades y cero productos terminados para la venta; maquinarias obsoletas, sin mantenimiento; deudas impagas con acreedores y obreros; y con un pasivo cada vez más creciente (a esa fecha de USD. 56.000.0000).
El proceso para definir la propiedad de Acepar debió durar 12 meses; sin embargo el Tribunal quedo acéfalo y no se tienen novedades de integración hasta el día de hoy. La administración judicial lleva casi nueve años.
Los proyectistas recuerdan que debido a la intervención, los accionistas dejaron de aportar y el Estado quedó sin posibilidades de suministrar recursos porque aún no recuperó Acepar.
“La administración judicial alquiló la fábrica, pero cuatro años más tarde, en 2017, el arrendatario abandonó el proyecto. Inmediatamente hubo otro intento fallido de arrendamiento”, evocaron.
También recuerdan que ante esa situación se recibió al 100 % de los obreros, aceptando el pasivo laboral; y que la Ley 6.753/21 autoriza al Estado a cuantificar la inversión necesaria para reactivar la planta y salvaguardar a los trabajadores, “pero a un año de su promulgación, no se tienen avances”.
“La vigencia de esta norma impide desarrollar un nuevo plan de negocios. La nómina de Acepar es de 400 obreros y la administración no tiene ninguna posibilidad de pagar el pasivo laboral porque la fábrica está cerrada”, sentencia la exposición de motivos. Fuente: Diputados
