En sesión ordinaria, la cámara de Diputados cuenta con 17 puntos en el orden del día. Uno de los primeros temas a ser abordados será la integración de la comisión especial para el estudio de la solicitud del acuerdo constitucional para disponer la intervención de la Gobernación del Departamento de Guairá, establecida por Resolución N° 3156/2022.
Recordemos que la administración del gobernador Juan Carlos Vera (ANR), había sido denunciada por la Junta Departamental de Guiará por la presunta mala utilización de dos millones de dólares, que debían ser transferidos para la reactivación económica y ayuda social ante la pandemia del Covid-19.
También será analizado el proyecto de ley “Que modifica el Art. 233 de la ley N° 6873/2022, Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022”.
La propuesta de modificación prohíbe a los ordenadores de gastos de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), y a las sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado, la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustibles o cupos de combustibles a las máximas autoridades y a los miembros de los órganos colegiados, en todas sus modalidades y cualquiera sea su denominación.
El proyecto, sin embargo, salvaguarda la provisión de combustibles a los funcionarios para el desplazamiento derivado, exclusivamente, de su función. Estos, dice el documento, se regirán por las disposiciones de la Ley N° 6622/2020, “Que establece medidas de racionalización del gasto público” y su decreto reglamentario, con excepción de los gobiernos departamentales y municipalidades.
Otro de los temas a ser tratados en la ocasión es el proyecto de ley “Que modifica los artículos 1°, 3°, 4°, 7°, 13, 14, 16 y 21 de la Ley N° 5033/2013, Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de los Funcionarios Públicos, y deroga la Ley N° 6355/2019”.
Este proyecto, entre sus puntos principales, regula sanciones administrativas para casos en que los funcionarios no presenten sus declaraciones; lo hagan extemporáneamente; o para los responsables de instituciones que no colaboren con la Contraloría General de la República.
En esencia, existe una diferencia de criterios entre las cámaras del Congreso con relación al tema. La versión Diputados permite la rectificación por equivocación u omisión, siempre y cuando el funcionario no mienta.
La versión Cámara de Senadores, vale recordar, no permite cambios y remite los antecedentes, directamente, a la justicia ordinaria.
El proyecto de ley “Que suprime las delegaciones legislativas para el establecimiento de tasas a instituciones del Poder Ejecutivo y organismos de Estado”, es otra de las iniciativas que serán debatidas por la plenaria.
La propuesta busca suprimir la arbitrariedad con que actúan algunas entidades del Estado y establecer, en adelante, mayor transparencia en la creación o eventual aumento de nuevas tasas. También apunta a propiciar un clima favorable para el emprendimiento y la realización de negocios, de manera a evitar la aplicación de tasas en forma sorpresiva.
Igualmente figura en el orden del día de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley “Que modifica los artículos 331, 333 y 378 de la Ley N° 2422/2004, Código Aduanero”, presentado por el diputado Rodrigo Blanco (PLRA-Central).
El presente proyecto de ley tiene como propósito combatir, frontalmente, el delito de contrabando, y aquella corrupción que se materializa antes, durante y después del contrabando, en este caso fuera de la sede aduanera.
En conclusión, busca evitar que hechos que puedan constituir infracciones a la ley penal, puedan estar supeditados a la culminación de sumarios administrativos, cuyo fin es distinto respecto de la persecución directa del Estado sobre el delito de contrabando realizado fuera de la sede aduanera.
Por otra parte, también será analizado el proyecto de ley “Que crea la Comisión Nacional de Regulación y Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del Rio Tebicuary”.
Esta normativa tiene como base la problemática de escasez de agua en ciertas épocas del año, lo cual ha tenido trascendencia en los últimos tiempos “debido a la falta de atención, organización, planificación y control en el aprovechamiento del recurso hídrico”, según refiere el documento.
El mismo expone que el caudal del río Tebicuary posee un comportamiento irregular que incide en el sustento de los pobladores; pescadores; agricultores; productores de arroz; ganaderos; oferentes de servicios turísticos; entre otros sectores.
También se estudiará el proyecto de ley “Que modifica los artículos 170, 246, 247, 248 y 258 de la Ley N° 834/1996, Que establece el Código Electoral Paraguayo´, y sus modificatorias, leyes N°. 3166/2007 y 6318/2019”.
La normativa, enmarcada en la aprobación de la Ley N° 6.570/20, “Que aprueba el protocolo adicional al protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur”, busca adecuar el Código Electoral Paraguayo a la citada normativa ya aprobada por el Congreso Nacional.
El documento suprime y elimina del Código Electoral, todo lo referente al Parlasur, a partir del año 2023.
Esto teniendo en cuenta que a partir del 2023 ya no serán electos miembros del Parlasur, por voto popular, sino que para la representación, ante el citado bloque, serán designados diputados y senadores electos.
También serán considerados en la ocasión, entre otros, los siguientes proyectos: “Que modifica el artículo 23 de la Ley N° 3966/2010, Orgánica Municipal (requisitos para ser intendentes o concejales); “De migraciones”; “Que prevé el pago oportuno a las micro, pequeñas y medianas empresas en el ámbito de la administración pública y al sector privado”; “Por el cual se objeta totalmente el proyecto de Ley N° 6865/2021”; Que modifica el artículo 38 de la Ley N° 1119/1997, De productos para la salud y otros”. Fuente: Diputados
