Silva Facetti pide estudiar cuanto antes proyecto de ley “antisicariato” ante aumento de casos

El proyecto de ley busca cubrir la laguna existente en el código penal, en lo que refiere a hechos punibles contra las personas. En su artículo primero habla de hechos punibles contra la vida, mientras en el artículo 105 habla de homicidio dolos, donde menciona a quienes actuaran con fines de lucro.

«Se entendía que con eso se cubría la actividad del sicariato, sicario es la persona encargada de matar a otro, pero se tipifica únicamente con fines de lucro y realmente la actividad del sicario hoy es mucho más amplia», explicó Silva Facetti.

Indicó que los sicarios forman parte de una estructura vertical donde en la base de esta estructura piramidal está el que contrata el servicio. Además, está el intermediario, es decir quien se encuentra entre quien contrata y ejecuta y finalmente, en la cúspide está el ejecutor.

«Es necesario dentro de la legislación poder relatar e identificar a los efectos de tipificar el rol que tiene cada una de las 3 etapas. El intermediario puede tener muchas funciones. (…). Se debe además ver el perfil del sicario, por que actúa, que a veces puede actuar por respeto, o puede actuar por orden vertical, ya que, en una organización mafiosa, el superior da la orden, o por encargo o pago, o acuerdo», relató el senador Fernando Silva Facetti respecto a la propuesta de normativa.

Destacó que lo que se propone es un hecho punible autónomo, así como figura en otras legislaciones como en países como Perú, Ecuador y Venezuela.

«Básicamente es ampliar el artículo 105 B de sicariato y se establece que el que mata a otro por orden, por encargo o por un pedido o acuerdo entre partes entonces tiene una pena privativa de libertad de 15 a 30 años. También se castiga a quien ordena y el que actúa como intermediario. Si la victima o el asesinado es un funcionario público con funciones reconocidas por la Constitución Nacional, la pena mínima será de 20 años. En caso de valerse por una persona inimputable, la pena será de 20 a 30 años», explicó.

Dijo que el estudio debe concretarse cuanto antes, para que se cuente con herramientas que ayuden a enfrentar más eficientemente este tipo de delitos.