Pobladores del asentamiento 12 de noviembre de la ciudad de J. Augusto Saldívar formularon una grave denuncia ante la comisión de Población y Vivienda de la cámara de diputados, que preside Del Pilar Medinam por supuesta amenaza de desalojo y mencionaron a una legisladora como responsable de dicha situación.
La legisladora Medina prometió pedir un informe a la Dirección de Catastro, a fin de conocer la situación real sobre la documentación de las tierras en cuestión.
De acuerdo al testimonio de los afectados, se trata de la diputada liberal María de las Nieve López Rotela y su esposo, el ex intendente de la ciudad, Daniel Benítez.
Los denunciantes mencionaron a los medios que cubren la actividad en cámara baja que se sienten amedrentados por la parlamentaria con la amenaza de desalojo a 101 familias.
Indican que hace 5 años el entonces intendente de J. Augusto Saldívar, Daniel Benítez, les permitió ingresar a poco más de 7 hectáreas tras pagar un millón de guaraníes por familia para asentarse en el lugar con servicios básicos de agua y energía, cosa que a pesar del pago no se cumplió.
Tras pagar de nuevo otros montos a nuevos dirigentes que nombraron al intendente Daniel Benítez, accedieron a luz y agua, sin embargo, ahora aparecen varios supuestos propietarios del inmueble que en principio no tenía dueño por lo que justamente aseguraron eran tierras fiscales.
Grave denuncia contra Diputada.
Ante la nueva situación se presentó una abogada de nombre Shirley Colmán que dijo ser representante de la diputada liberal María de las Nieve López Rotela, la misma amenaza a los pobladores con desalojo policial y fiscal si no “arreglan” con ella un nuevo pago a través de un contrato.
En varios videos y audios presentados por los afectados a la titular de la Comisión, Diputada Del Pilar Medina, donde aparentemente se escucha a la abogada amenazar con sacar órdenes de captura por rebeldía para los que no acuerden con ella e incluso con cascos azules para el desalojo que ella “ataja” ya que prefiere arreglar el pago de 67 millones de guaraníes por familia. Sin embargo no existe claridad sobre el inmueble ya que la que aseguraba ser dueña falleció y aparecieron varios títulos de la propiedad.
Hasta hoy la situación de la finca no es clara y por 5 años las 101 familias vivieron en el sitio por medio del arreglo con el ex intendente Daniel Benítez que fue imputado por supuestos hechos de malversación de fondos públicos y asumió un nuevo intendente, Diego Alonso, quien se desentiende de la situación.
