Diputados de la oposición presentaron hoy el «libelo acusatorio» en contra del Defensor del Pueblo Miguel Godoy. El documento contempla más de 50 causales, según explicó la diputada Celeste Amarilla, principal proyectista del pedido de Juicio Político.
Entre las causales esgrimidas en contra del Defensor del Pueblo se puede citar la verificación de los registros contables y comprobantes de pagos (facturas contado), lo que evidenció que existieron pagos fraccionados por fondos fijos a proveedores de bienes y servicios, por un valor total de G. 139.470.556, lo que determina que la cuenta no fue utilizada conforme a las normativas aplicadas al efecto.
Señala que se observó el manejo de la cuenta “Caja chica o Fondo fijo”, sin designación de encargado/a para su utilización.
Igualmente, dice que se observó la incorrecta registración contable en la cuenta del Banco Central del Paraguay; y unos aspectos muy serios como “persecución; hostigamiento; maltrato; y acoso laboral y sexual a funcionarias”.
Igualmente, se apunta la falta de documentación que respalde el control de entradas de los bienes de consumo e insumo en la institución.
“Se visualizó inconsistencias en informes remitidos por la Defensoría del Pueblo con relación a sistemas de marcaciones de funcionarios en las distintas dependencias habilitadas; rendiciones de cuentas incompletas; recaudaciones ilegales; entre otros. También se observó la carga de combustible en vehículos en cuyos comprobantes no se consigna la marca del vehículo, ni el número de matrícula. Existen muebles y enseres en la Defensoría del Pueblo que no se encontraban en la Dirección indicada en el Inventario”, refiere otra parte del extenso documento.
Denuncias de la CGR
Durante una conferencia de prensa, la legisladora Amarilla expresó que el libelo acusatorio apunta, principalmente, a las denuncias que hizo la Contraloría General de la República (CGR), posterior a la auditoría llevada a cabo.
“Totalizan 57 causales las que encontramos, y conste que no publicamos todas, porque hay un dosier de denuncias que ya habían presentado a diversas instituciones; exactamente 47 denuncias a diversas instituciones por parte de las funcionarias. Eso también adjuntamos por completo, como pruebas”, manifestó.
Seguidamente, sostuvo que es urgente que este pedido de juicio político sea aprobado “porque resulta un perfecto contrasentido que el que debe velar por los derechos humanos, viole los derechos humanos de sus propios funcionarios”.
“Él ha hecho gala de un desconocimiento total de todas las leyes, decretos y reglamentos de la administración pública. Esto es lo que arroja el informe de Contraloría, así es que hay suficientes motivos para que se vaya”, aseveró, finalmente.
Este documento será remitido a las comisiones para el correspondiente estudio. Con informe de Diputados.
