La vicepresidente segunda de la Cámara de Diputados, Norma Camacho criticó, duramente, el accionar de la Fiscalía General del Estado, con relación a un procedimiento de desalojo, desarrollado días atrás, en la comunidad indígena 15 de Enero, del pueblo Ava Guaraní, ubicada en el distrito de Nueva Toledo (Departamento de Caaguazú).
Según la denuncia, los indígenas fueron víctimas de un violento procedimiento que dejó como saldo varias personas heridas y una veintena de detenidos.
La diputada del PEN se valió de un material audiovisual para realizar la denuncia, que fue exhibido a la plenaria de Diputados, durante la sesión extraordinaria del miércoles último. La intervención policial fue ordenada por la fiscal Norma Salinas, supuestamente, para favorecer a sojeros brasileños.
“Basta de ordenar desalojos de pueblos indígenas; insto a que, desde el Congreso, hagamos algo; no es posible que la Fiscalía siga ordenando desalojos de este tipo”, significó.
Tras el desalojo, los indígenas quedaron en la calle, frente mismo a la propiedad de donde fueron desalojados. La denuncia habla que hay mujeres embarazadas, niños y ancianos acampando en el lugar.
“Exigimos que la Fiscalía General que no expulse más a pueblos indígenas, se viola la Constitución Nacional, se viola los derechos humanos, hay abusos de niños, violencia estructural de parte del Estado”, sentenció.
La parlamentaria exigió, por otro lado, la inmediata liberación de los indígenas que están, a su juicio, injustamente apresados y una pronta solución a tan lamentable hecho.
Según datos, los indígenas viven en la zona desde hace 18 años, en un excedente fiscal de 100 hectáreas, con gestiones ante el INDERT y el INDI. Fuente: Diputados