Ante la denuncia recibida por la Defensora de la Niñez y la Adolescencia de P.J. Caballero, la Defensora Pública Leticia Marielli Sosa, realizó un procedimiento de verificación de la situación de la niña LMRS, que fue rescatada con su hermanito de 6 años de las orillas del arroyo llamado Vakapi.
En esa ocasión la Defensora Pública constató que el niño y la niña gozaban de buena salud, pero necesitaban cuidados higiénicos y otras atenciones.
Así mismo verificaron que la madre no estaba en condiciones de atender debidamente a sus hijos por causa de su adicción a las drogas.
La defensa pública luego de un análisis minucioso recurrió a la familia extendida para entregar de manera temporal a los hermanos hasta encontrar otros familiares que pudieran asumir la guarda definitiva.
Una semana después la Defensora llego al domicilio de los guardadores temporales para hacer un seguimiento de la situación de los hermanitos. En esa circunstancia fue informada que la niña había desaparecido del lugar y estaba con paradero desconocido, ante esta situación rápidamente se puso en contacto con los agentes fiscales y la policía, quienes ya estaban enterados de lo sucedido.
Durante esa visita fue posible observar que se encontraban un niño de 10 años y otra niña de 10 en estado de total vulnerabilidad, por lo que se adoptaron medidas de protección, derivando el cuidado a cargo de otras familias solidarias al tiempo de poner en conocimiento de todo lo actuado al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia.
La muerte de la niña ocurrida, posteriormente, conmovió profundamente a la sede de la Defensoría local. Este desenlace nos ubica en la imperiosa necesidad de revisar la efectividad del sistema de protección de la niñez y de la adolescencia, de acuerdo a lo que establece la Ley 6486/20.
Estas situaciones afectan profundamente a todas las instituciones comprometidas en garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
La niñez y la adolescencia son los bienes más valiosos de nuestra sociedad, el futuro de la nación depende de ellos y se debe hacer todo lo que esté al alcance de los organismos tanto gubernamentales como privados y también de las personas en general para asegurar una generación sana, feliz y útil para el país.
El Ministerio de la Defensa Pública insta a que familias solidarias se inscriban ante la Dirección de Cuidados Alternativos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia para ser acreditadas y acompañadas como familias acogedoras.
En definitiva, el sistema de protección judicial requiere de un sistema de protección social fortalecido y accesible para lograr su cometido.
