Durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, el plenario sancionó el proyecto de ley “Que modifica los artículos 420 y 421 de la Ley N° 1.286/1998, Código Procesal Penal”, cuyo objetivo es dotar a los Jueces de Garantía de una herramienta para descomprimir el sistema de justicia en un menor tiempo y así reducir la muy alta tasa de presos sin condena.
Igualmente, esto brindará a los fiscales, en todos los casos, mejores posibilidades de aplicación de las bases de medición de pena, de modo a no basar los años de condena solo en la cantidad de antecedentes, sino en el perjuicio ocasionado y la cantidad de evidencias y pruebas obtenidas.
Sin embargo, la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, aconsejó el rechazo de la propuesta. Señaló que no se puede violar principios procesales.
“Este procedimiento abreviado se puede aplicar a todos los hechos punibles graves; ni que decir a los delitos de cuello blanco que van a venir a plantear sin ningún tipo de análisis o violando el principio de legalidad procesal; violando también el principio de inocencia. Dice que en todos los casos el imputado deberá realizar, ante el Juez, un relato circunstanciado y completo de su participación; es decir, acá el imputado debe confesar y eso viola el principio constitucional del principio de inocencia”, argumentó.
Esto fue respaldado por el legislador Eusebio Alvarenga al aducir que corresponde el rechazo porque la pretensión de descongestionar el sistema, en realidad, es una falacia. “No se va a descongestionar con esto”, afirmó.
75 % de presos no tiene condena
El diputado Derlis Maidana pidió la aprobación del documento en la versión Senado, al mencionar que va en razón de que más del 75 % de las personas recluidas no tienen condena.
Dijo que la normativa se constituirá en una herramienta para descomprimir los procesos penales y posibilitará la disminución de las moras judiciales, evitando así la extinción de procesos por duración máxima de los mismos.
“Creemos que será una herramienta para disminuir la mora judicial y posibilitar que se haga justicia, siempre y cuando el imputado asuma su responsabilidad y cuente con el aval del juez, el fiscal, la víctima y el abogado defensor”, manifestó.
El proyecto de ley será remitido al Poder Ejecutivo para la promulgación.
Fuente: Diputados.
