La Defensora General, Lorena Segovia, explicó hoy, en conferencia de prensa que la Defensa Pública representó a las personas privadas de libertad durante las manifestaciones post elecciones generales. Recordó que en fecha 2 de mayo se tomó intervención en ese caso, se realizaron audiencias, tanto ante fiscalía como ante el juzgado, de 60 personas aprehendidas en la zona del TSJE. Al día siguiente, otras 60 personas fueron aprehendidas y fueron asistidas para sus respectivas audiencias 114, las cuales fueron realizadas en la Agrupación Especializada y en la FOPE. Posteriormente muchos de ellos optaron por una defensa privada de su elección y otros continúan representados por la Defensa Pública.
Igualmente, los defensores intervinientes con apoyo de la Dirección de Derechos relevaron la situación de las personas aprehendidas que presentaban lesiones, producto de la actuación policial y en todos los casos detectados fueron presentadas denuncias ante la Fiscalía de Derechos Humanos.
A ese respecto la defensora General enfatizó que toda actuación del Estado que implique uso de la fuerza debe ser proporcional, racional y conforme a la necesidad; en contexto de manifestaciones, los estándares de uso de la fuerza deben tender a garantizar el derecho a la manifestación, al libre tránsito; en caso necesario, se debe proceder a neutralizar la violencia, no a un uso excesivo de la fuerza cayendo en ilegalidades y como Estado democrático eso no debe ser negociable en ningún contexto.
Continuando con sus declaraciones la defensora general dijo que la Defensa Pública cumple en informar lo implementado como defensa técnica en los casos particulares participados y también enfatiza que las intervenciones policiales deben ajustarse a los estándares en materia de uso de la fuerza y las aprehensiones no pueden ser masivas.
El Ministerio Público y los Juzgados de Garantías deben ser cautelosos al momento de procesar masivamente; la decisión de privar de libertad a una persona debe reunir los requisitos legales, incluyendo condiciones y en dependencias legalmente habilitadas para custodiar personas.
Finalmente dijo que las denuncias de violaciones de derechos humanos deben ser investigadas y sancionadas. En un Estado de derecho la impunidad de estos hechos es inadmisible, la decisión de privar de libertad a una persona debe reunir los requisitos legales, incluyendo condiciones y en dependencias legalmente habilitadas para custodiar personas.
