El Contralor General de la República, Camilo Benítez entregó hoy al Congreso Nacional el Informe y Dictamen de la auditoría practicada a la gestión correspondiente al año 2022. Recibió el documento la vicepresidenta del Senado, Hermelinda Alvarenga.
En este contexto, el titular de la Contraloría alertó sobre innumerables indicios de corrupción en ministerios, entes, municipios y gobernaciones.
Mencionó además que a partir de este informe, la Contraloría presentó denuncias ante el Ministerio Público, en más de 54 casos de posible comisión de hecho punible.
Agregó que en el caso de los municipios auditados, en un 50% no cuentan con documentos respaldatorios para justificar el uso de miles de millones de guaraníes. En este marco, alertó que la ley de FONACIDE es un «fracaso» por la falta de control de los recursos entregados a municipios y gobernaciones.
Otro de los casos más llamativos refiere a un monto de un billón de guaraníes que el Instituto de Previsión Social no cuenta con documentos respaldatorios para justificar su uso. Incluso dijo que en el caso del pago a proveedores, hay una diferencia de G. 500 mil millones sobre pagos supuestamente realizados pero que no están registrados en las empresas mencionadas.
Resaltó que, ante la negativa de IPS de proveer los documentos requeridos, la Contraloría tuvo que solicitar una orden judicial para acceder a dichos documentos.
Citó algunas instituciones donde más casos de posibles hechos punibles hallaron, como el Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio del Interior, además de un centenar de municipios y algunas gobernaciones.
En el caso de la Ley de Fonacide, Benítez dijo que los datos manejados por la contraloría pueden servir de elemento para que el legislativo modifique la normativa, ya que existe una gran injusticia con la distribución de fondos, ya que en algunos departamentos solo alcanza para un mes de merienda escolar, mientras otros disponen de fondos para todo el año.
