Con 60 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, fue sancionado el proyecto de ley “De los créditos del carbono”, durante la sesión extraordinaria del día de la fecha.
Los créditos de carbono (también llamados “bonos de carbono”), son un mecanismo internacional de descontaminación para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente.
Se trata de uno de los tres mecanismos propuestos en el Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones causantes del calentamiento global y del efecto invernadero.
El objetivo de la presente disposición es establecer un marco normativo para definir la titularidad sobre los beneficios del carbono reducido, evitado y/o capturado, y la propiedad de los créditos de carbono generados por proyectos desarrollados en nuestro país.
El crédito de carbono es definido, en el proyecto de ley como un instrumento comercializable representado a través de título o certificado, que asigna una equivalencia de reducir, evitar o capturar una tonelada de gases de efecto invernadero de un proyecto determinado.
Según la exposición de motivos, podrán ser ejecutados por empresas y/o consorcios de empresas nacionales y/o extranjeras, estableciéndose que la participación real de mano de obra paraguaya, en cada proyecto, no debe ser menor al 35%.
Herramienta de certificación
El proyecto, según la justificación, busca convertirse en una herramienta para certificar la captura de gases de efecto invernadero, sean estos agropecuarios, ganaderos, industriales, etc., los cuales podrían comercializarse en los mercados internacionales y representar un ingreso importante para el Estado paraguayo.
La diputada Cristina Villalba titular de la Comisión de Presupuesto resaltó la importancia del mismo, al considerar que se estará creando un marco normativo que permitirá establecer el régimen de titularidad de los créditos de carbono generados por proyectos desarrollados en Paraguay.
Explicó que la autoridad de aplicación será el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), que tendrá a su cargo la constitución, funcionamiento y operación del registro de los créditos del carbono.
“Con esta propuesta se busca el acceso de proyectos de alta calidad a los mercados de carbones mundiales, como así también su regulación y transparencia”, reafirmó.
En su carácter de presidente de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente, el legislador Jorge Barresi se sumó al visto bueno de la Comisión de Presupuesto, y acentuó la importancia de conocer el contexto sobre los créditos de carbono y porqué es necesaria una legislación al respecto.
Exteriorizó que los créditos de carbono son iniciativas adoptadas por la comunidad internacional, para permitir a los países compensar las emisiones contaminantes de dióxido de carbono establecido como un bien canjeable.
Esgrimió que la implementación permitirá crear un marco normativo a nivel nacional para dar mayor seguridad jurídica, tanto a los emprendimientos como a los comparadores de los créditos.
“Es una oportunidad de diversificación para las fincas productivas del país”, concluyó.
El parlamentario Jorge Avalos Mariño¡ acompañó la aprobación y señaló que los créditos de carbono son bonos comerciables internacionalmente como mecanismo de descontaminación para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente.
“Para el Paraguay el crecimiento del mercado de los créditos de carbono a nivel mundial representa oportunidades mediante la conservación y preservación de la biodiversidad; generaran redito económico a partir del desarrollo de proyectos forestales, agricultura y ganadería, residuos, energía, transporte, procesos industriales y otros”, arguyó.
Enfatizó que, actualmente, en nuestro país existen proyectos que se comercializan en los mercados de carbono, sin contar con un marco legal nacional, por lo que sostuvo la imperiosa necesidad de otorgar seguridad jurídica a las actividades que presenta beneficios a diversos sectores de la economía, promoviendo un desarrollo sostenible de nuestro país.
Discordancia
En contrapartida el congresista Miguel Martínez , se opuso a la aprobación y mencionó la existencia de la Ley 3001 “De valoración y retribución de los servicios ambientales”, pudiendo simplemente ser modificada esta disposición legal.
Por otra parte, la diputada Johanna Ortega, pidió el aplazamiento por tres semanas, sin embargo, su pedido no prosperó, por lo que, posteriormente, se abstuvo en la votación.
Argumentó que falta precisar algunos puntos que no resultan muy comprensibles, por lo que solicitó un mejor estudio.
Durante el tratamiento, en particular, propuso algunos cambios, sin embargo, sin éxito porque el proyecto fue aprobado tal cual vino de la Cámara de Senadores.
El legislador Miguel A. del Puerto fue otro de los legisladores que se opuso al aplazamiento, al señalar que para eso está el debate en el pleno, y que el mismo ya fue bastante debatido en todas las comisiones con los expertos en el tema.
Pasa al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación o veto.
