El procurador general, Marco Aurelio González, dijo que el proyecto de ley para crear una superintendencia de pensiones cuenta con interpretaciones erróneas en cuanto a la habilitación a las cajas fiscales de prestar dinero al Estado o la «composición política» del Consejo de Seguridad Social previsto.
«Lo que hace la Ley es poner límites, hoy en día no hay límites», afirmó en entrevista con la AM 650.
Dijo que el articulado dejará en claro la posibilidad de redirigir los fondos a bonos del Tesoro, pero no serán exclusivamente para este fin.
Grupos de jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) critican la intención del proyecto de eliminar el artículo 27 de la carta orgánica del instituto, que prohíbe que los fondos previsionales puedan ser prestados al Estado, y esto permitiría que estos fondos sean utilizados por las autoridades de turno.
Al respecto, el procurador dijo que «en la Comisión están haciendo los ajustes, transcribiendo cuál es la parte que se va a derogar» (de este artículo). Para este miércoles 6 de diciembre está previsto el primer tratamiento del proyecto de ley en el Congreso, en la Cámara de Senadores.
Superintendencia de pensiones
El 20 de noviembre el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley que fue consensuado con centrales obreras, gremios empresariales y asociaciones de jubilados, afirmaron.
A través de este mecanismo se busca regir la utilización y posibilidad de inversiones para los fondos de las distintas cajas jubilatorias y de pensiones, y así garantizar la liquidez y rentabilidad de los fondos de pensiones de distintos grupos de trabajadores.
«Con el proyecto de Ley se prevé que la Superintendencia determine límites por tipo de activos para que cada caja pueda diversificar sus riesgos», detalló el procurador González.
La Superintendencia estará regida por un Consejo de Seguridad Social conformado por representantes de trabajadores y jubilados (elegidos por elección directa), del sector empresarial (elegidos por la Feprinco) y por parte del Gobierno estarán dentro del Consejo los ministros de Economía (MEF), de Trabajo (Mtess) y el presidente del Banco Central (BCP). Fuente: Ip