La PGR ejerció con diligencia y compromiso la defensa ante la acción judicial planteada por la firma Tagua Pilot, quien demandó subsidiariamente al Estado paraguayo, por una conducta imputada al señor Jorge Mancuello Benítez, en su carácter de Prefecto General Naval. Tagua Pilot demandó una indemnización de USD 2.810.800 en concepto de daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance.
La empresa Tagua Pilot alegó ser dueña del remolcador “Espartano” y que el entonces Prefecto General Naval sancionó a la empresa VESSEL ATLANTICA S.A. por el traslado irregular del remolcador “Espartano”. Aunque luego dicha sanción fue revocada por la Prefectura, el tiempo entre la sanción y su revocación habría provocado un perjuicio económico al remolcador Espartano, por no poder explotarlo comercialmente, hasta que se dispuso el levantamiento de la medida cautelar de amarre.
Así, alegó la imposibilidad material de poder operar comercialmente el remolcador, lo que le habría generado perjuicios económicos que estimaron en la millonaria suma mencionada, además de los intereses al 1,7% mensual.
La PGR, al momento de presentarse en el juicio, alegó que Tagua Pilot S.A. no demostró ser la propietaria del buque remolcador Espartano, ( tampoco justificó porqué el Estado paraguayo debe hacerse responsable, el Estado paraguayo no puede ser responsable del pago de la suma reclamada.
Cumplidas las diligencias y gracias al impulso procesal de la PGR, se ha dictado la sentencia que resolvió RECHAZAR la demanda por INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, promovida por la firma TAGUA PILOT S.A. en contra del señor JORGE JAVIER MANCUELLO BENÌTEZ y, subsidiariamente, el ESTADO PARAGUAYO, por la suma de Dólares Americanos DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS U$S 2.810.800 en concepto de daños emergentes, lucro cesante y la pérdida de chance de actividad comercial.
Cabe resaltar que el ahorro total al Estado paraguayo es de USD 5.295.547, teniendo en cuenta el cálculo de intereses solicitados por la actora al entablar la demanda.
El juicio estuvo a cargo de los procuradores delegados Neri Fleitas y Fabián Almada.
