El ministro de Justicia, Ángel Barchini, concurrió hoy a una reunión con miembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, a fin de peticionar la celeridad de la aprobación del proyecto de ley de Régimen Cerrado Especial de Máxima Seguridad para la privación de libertad de personas de alto riesgo en nuestro país.
En conferencia de prensa, resaltó la necesidad de profundizar el cambio estructural en todo el sistema penitenciario.
Durante el encuentro que estuvo encabezado por el presidente de la Comisión Permanente, senador Colym Soroka, con participación de varios legisladores, habló de la necesidad imperiosa de contar con la aprobación del Congreso Nacional para la aplicación de dicha ley, régimen especial que debe regir en las tres nuevas penitenciarías donde existen pabellones de máxima seguridad.
El ministro Barchini enfatizó que debe otorgarse el respaldo legal al Ministerio de Justicia en el proceso de implementación del nuevo sistema de máximo control penitenciario, por el alto riesgo que implica, respaldo que actualmente solo cuenta con una resolución del ministerio.
Subrayó que, por instrucciones del presidente de la República, Santiago Peña, se hará frente al crimen organizado nacional y transnacional. Para ello, se contará con el acompañamiento de los tres poderes del Estado.
Tras el éxito de la operación Veneratio, Barchini dijo que el Estado paraguayo debe asumir una política de estado penitenciario, siendo necesario el debate de la emergencia penitenciaria ante la situación de total fragilidad en que encuentra el sistema penitenciario en el que debe precautelarse y garantizar la seguridad de la nación.
Por último, en el encuentro con parlamentarios que tuvo lugar en la Sala de Reuniones de la Presidencia del Senado, el ministro Barchini declaró que para desarticular las estructuras criminales se está trabajando en profundizar los problemas para dar soluciones, no de forma, sino de fondo.
El titular de Justicia fue categórico en su posición al reiterar que el Estado paraguayo no puede seguir negociando con bandas criminales como lo ha hecho anteriormente. “La ley no se negocia, la ley se aplica”, ratificó.
Aclaro que los derechos procesales y los derechos humanos de las PPL y sus familias están garantizados, pero no se continuará con el antiguo modelo. Fuente: MJ
