El fiscal anticorrupción Jorge Arce presentó acusación contra un profesional abogado, funcionario del Ministerio de Salud Pública, por la presunta comisión del hecho punible de cobro indebido de honorarios. La Fiscalía pidió la elevación de la causa a juicio oral y público para el imputado Roberto Daniel Ledesma López.
La acusación fiscal señala que Ledesma López trabaja como dictaminante en la referida secretaría de Estado, situación que le imposibilita ejercer la profesión en forma particular, sin embargo, realizaba diligencias judiciales sin tener en cuenta esta disposición para los que realizan tareas en la función pública.
Arce fundó la acusación señalando que “claramente existe una incompatibilidad establecida para el ejercicio de la función pública, en razón de que restringe el desempeño de la profesión como tal y tener a la vez un ingreso distinto a lo presupuestado por el cargo que desempeña”.
Para el Ministerio Público está claro que “en este caso resulta incompatible el ejercicio de la profesión de abogado particular con la función de funcionario público, como así también, los cobros de honorarios…”. El art. 97 del Código de Organización Judicial dispone que el ejercicio de la profesión de abogado es incompatible con la calidad de funcionario público dependiente del Poder Ejecutivo o Judicial.
