Se llevó a cabo una audiencia pública con el fin de analizar el proyecto de ley conocido como de “Hambre cero en las escuelas”, impulsado por el Poder Ejecutivo. La misma se realizó en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, con organización de varias comisiones asesoras, en conjunto.
Los bloques organizadores del evento fueron, Entes Binacionales Hidroeléctricos; Educación, Cultura y Culto; y Asuntos Económicos y Financieros, donde son presidentes, respectivamente, los diputados Mauricio Espínola, Luís González Vaesken, y Hugo Meza.
Participaron de la audiencia, legisladores de diferentes signos políticos; representantes del Poder Ejecutivo; gobernadores; intendentes; y referentes de la sociedad civil.
El objetivo primordial fue escuchar a todos los sectores, en fiel cumplimiento del deber de esta cámara legislativa, el cual es hacerse eco del sentir de la población, sus representantes y los diferentes organismos afectados al estudio de un proyecto de ley.
Para tal efecto, la herramienta constitucional de las audiencias públicas fue considerada de fundamental importancia, atendiendo, además, los nobles objetivos del proyecto, así como sus implicancias.
Durante la audiencia se plantearon sugerencias y quedaron exteriorizadas algunas dudas por parte de los asistentes.
La representación del Poder Ejecutivo, en la persona de la jefa de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Lea Giménez, respondió cuestionamientos y explicó a fondo los principales objetivos de la propuesta.
Lograr que la alimentación escolar llegue al 100 % de los niños de las escuelas del país, fue la idea central de las explicaciones.
Giménez indicó que el plan se basa en los informes remitidos por la Contraloría General de la República, que revelan problemas en el proceso de implementación del programa, hasta el día de hoy.
El diputado Rubén Roussillón, en otro momento, exhortó a definir cómo serán financiados algunos programas sociales cuyos recursos serían utilizados para costear la alimentación escolar, de acuerdo al proyecto.
“Queremos que se clarifique de dónde se van a sacar los recursos para financiar esos programas que responden a fondos como el Fonacide. También se debe analizar si la alimentación escolar puede ser cubierta totalmente sin modificar las leyes”, expresó.
Representantes de varios centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), también se manifestaron a favor de garantías para el arancel cero universitario, en el sentido de no perder los recursos que se destinan a ello.
A su vez, los representantes de las gobernaciones de Central y Presidente Hayes, solicitaron ser nuevamente incluidos como administradores de los recursos que forman parte del plan expuesto. Dijeron que no hay argumentos técnicos que expliquen la exclusión.
El proyecto de ley seguirá en debate durante próximos encuentros, según se resolvió.
