La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción formuló imputación contra del exintendente de Lambaré, Armando Ramón Gómez Arévalo, por la supuesta comisión de los hechos de lesión de confianza y asociación criminal. El escrito de imputación fue firmado por el agente fiscal Francisco Cabrera.
Asimismo, están imputados quienes en su momento fueron colaboradores del exintendente: Armando Gómez, Roberto Ever Paredes Ojeda, Rodrigo Javier Portillo Chirife, Edgar Villalba Torreblanca, Sonia Raquel Notario Candia, Walter Omar Belotto Achucarro y Ricardo Ronald Ricciardi. Dichas personas son investigadas por alteración de datos (art.174) y acceso indebido a sistemas informáticos (art. 174 b), previstos en el Código Penal Paraguayo.
Según datos de la investigación, la Municipalidad de Lambaré habría sufrido un perjuicio patrimonial de 9.246.215.000 de guaraníes. El esquema delictivo aparentemente fue creado por el exintendente municipal (periodo 2015 -2020) que permitió que los ingresos obtenidos en las arcas municipal sean extraídos, realizando anulaciones en el sistema informático y posteriormente en las rendiciones, sin tomar en cuenta los montos anulados.
El escrito fiscal refiere que un grupo de concejales de Lambaré denunció los supuestos hechos de irregularidades en los cobros de impuestos municipales en el periodo correspondiente al 2019. Estas irregularidades consistían en las anulaciones de comprobantes de ingresos en el sistema informático utilizado por el municipio para el cobro de impuestos por parte de usuarios indeterminados, lo que llevaría a no ser tenidos en cuentas en la rendición de ingresos de los pagos. Sin embargo, los contribuyentes poseían los comprobantes de ingresos originales que daban cuenta de dichos pagos o ingresos.
Posterior al hecho, la Municipalidad de Lambaré fue intervenida y en ese sentido se realizaron inspecciones técnicas contables e informáticas, las cuales pudieron constatar que existirían suficientes indicios de que los importes de los contribuyentes no hayan ingresado a las arcas municipales. Además, que solo de un grupo de 228 comprobantes de ingresos anulados, pudo dejar una pérdida de 2.832.267.520 guaraníes.
Parte del documento refiere: “a partir de febrero de 2019 se comenzaron a realizar anulaciones de comprobantes en el sistema informático en forma totalmente irregular, ya que las mismas se realizaban por usuarios que no deberían tener dichos privilegios, en otras ocasiones inexistentes y en horarios no habilitados, fuera del horario laboral y días posteriores a su emisión”.
Finaliza explicando: “Conforme al mismo informe pericial se ha verificado que existen comprobantes de ingresos que fueron anulados por diversos motivos, y que totalizan 8.286 recibos equivalentes a 10.057.215.329 guaraníes; una cantidad considerable fue denominada sospechosa, por la forma irregular de las anulaciones. Es decir, estas anulaciones -en su mayoría- eran realizadas fuera de los horarios laborales (noche y madruga), como así también en días posteriores a su emisión, por varios usuarios que tenían acceso al sistema con permisos especiales”.
