Responsables del Banco Nacional de Fomento anunciaron la apertura de una investigación tras denuncia de «apropiación y estafa» presentada por familiares de dos víctimas fatales que debieron cobrar indemnización de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE.
Se trata de dos cheques de G. 400 millones, totalizando G. 800 millones, que debieron ser entregados a dos familias de Repatriación que perdieron a sus miembros en accidente con cables de alta tensión. Sin embargo, la funcionaria Anadelia Acosta Armoa en presunta complicidad con un abogado quedó con G. 725 millones, y solo entregaron G. 75 millones a ambas familias.
La Fiscalía abrió una carpeta de investigación y anuncia imputaciones, mientras el presidente de Diputados Raúl Latorre resolvió en cese inmediato del comisionamiento de la funcionaria y la apertura de una carpeta de investigación.
