En el marco de la investigación del caso «despojo» a dos familias de Caaguazú, el escribano Mario León Caballero negó rotundamente haber autorizado el uso de un poder especial que sirvió para el despojo de unos G. 725 millones a familiares de dos víctimas de electrocución.
La ANDE desembolsó G. 800 millones, pero las familias solo recibieron G. 75 millones, mientras que los G. 725 millones quedó en poder de una funcionaria de Diputados en presunta complicidad con un abogado. La mujer habría retirado el dinero tras cambiar dos cheques en el Banco Nacional de Fomento.
Los cheques fueron retirados gracias a un poder especial elaborado por Escribanía que presentó la mujer, pero el escribano negó haber firmado y acusó de falsificación de su firma para cometer el ilícito.
La fiscalía allanó la sede del BNF de Repatriación y la agente fiscal anunció imputaciones.
