La Mesa Directiva de Diputados que encabeza Raúl Latorre se reunió esta mañana con el contralor general de la República, Camilo Benítez, y su equipo técnico, para analizar el proyecto de ley “Que establece el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción de la República del Paraguay”.
El encuentro, de la que participaron también miembros de las diferentes comisiones que tienen a su cargo dictaminar el proyecto, se enmarca en los esfuerzos del gobierno por fortalecer la lucha contra la corrupción en el país, a través de una estrategia coordinada entre los distintos poderes del Estado.
Según la exposición de motivos, el proyecto de ley busca que la Contraloría General de la República (CGR) asuma el rol de órgano rector y coordinador de este régimen anticorrupción, con amplias atribuciones para diagnosticar, diseñar e implementar medidas de transparencia e integridad en la gestión pública.
Lo que establece el proyecto de ley
El proyecto crea el Consejo Nacional Anticorrupción y dispone que los bienes y recursos financieros de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) pasen a integrar la Contraloría General de la República (CGR).
El proyecto establece que este consejo estará conformado por los tres poderes del Estado; un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante de cada cámara del Congreso Nacional; el Gabinete Civil de la Presidencia de la República; así como por el Ministerio Público y la CGR.
Se establece que la CGR ejercerá la coordinación general de dicho consejo en conjunto con el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República.
El proyecto concede a la Contraloría General de la República un marco legal sólido para que pueda liderar la lucha contra la corrupción de manera independiente y eficaz.
Entre las principales propuestas destacan: la creación de unidades de transparencia y anticorrupción en cada organismo público, bajo la supervisión de la CGR; el establecimiento de un Consejo Nacional Anticorrupción conformado por los tres poderes del Estado, el Ministerio Público y la propia Contraloría General.
También destaca los mecanismos de participación ciudadana para la denuncia de hechos de corrupción, con garantías de confidencialidad para los denunciantes; y la transferencia de bienes, recursos y personal de la actual Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) a la órbita de la CGR.
Los participantes concluyeron que el proyecto es un paso fundamental para darle un nuevo impulso a la lucha contra la corrupción en nuestro país.
Participantes
Tras la reunión el diputado Hugo Meza (ANR-Cordillera), destacó la importancia de la próxima integración entre la Secretaría Anticorrupción y la Contraloría General de la República, explicando que esto busca mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país.
Subrayó que, según el contralor, esta medida es necesaria, ya que permitirá auditar de manera más independiente al gobierno y eliminar algunas limitaciones que tenía la Secretaría Anticorrupción al estar bajo el Poder Ejecutivo. “Esto fortalecerá los controles y reducirá los conflictos de interés en el combate a la corrupción”, significó.
Por otro lado, valoró que el contralor haya explicado, de manera detallada, los alcances de este proyecto y los beneficios que podría traer en términos de transparencia y responsabilidad pública.
“Este esfuerzo es parte de una cultura de la transparencia que se está promoviendo en el país”, expresó.
También resaltó el interés de escuchar las inquietudes de la ciudadanía y mejorar los mecanismos institucionales para combatir los abusos y excesos en todos los poderes del Estado, reconociendo que es un tema prioritario para la sociedad.
Por otra parte, el contralor general de la República, Camilo Benítez, significó la importancia de esta ley para estandarizar criterios de integridad y transparencia en todos los poderes del Estado, promoviendo la prevención de la corrupción y facilitando unificar procedimientos y principios en el acceso a funciones públicas.
Además, señaló la necesidad de un Consejo Anticorrupción que permita la coordinación entre poderes, manteniendo la autonomía de la Contraloría para no afectar su rol de fiscalización constitucional.
El contralor destaca, por último, que esta ley no suplanta la represión de delitos, sino que busca prevenir y mejorar la colaboración entre entidades. Fuente: Diputados
