El Ministerio Público dispuso la apertura de un sumario administrativo contra las agentes fiscales Katia Estela Uemura y Stella Mary Cano, ante la presunta comisión de faltas administrativas en el ejercicio de sus funciones. La medida fue adoptada en virtud de lo dispuesto en la Ley 1562/00 «Orgánica del Ministerio Público» y en el Reglamento Interno aprobado por las resoluciones F.G.E. n.° 657/2024 y n.° 686/2024.
La decisión fue tomada tras la investigación iniciada en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, en el marco de la causa n.° 5/2025, caratulada «Personas Innominadas s/ tráfico de influencias y otros», en la que fueron denunciadas posibles irregularidades que involucrarían a las mencionadas fiscales. De acuerdo con la normativa vigente, el Ministerio Público evaluará la posible configuración de una falta grave que, de ser comprobada, podría derivar en sanciones disciplinarias e incluso una eventual destitución.
La Inspectoría General del Ministerio Público, mediante la Resolución n.° 09, ha dispuesto la apertura del sumario administrativo y la notificación de las agentes fiscales afectadas, quienes tendrán el plazo de diez días para ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas pertinentes en el marco del procedimiento disciplinario.
En paralelo, el Fiscal General del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, ha remitido los antecedentes del caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en virtud de que el Ministerio Público no tiene facultades para desafectar a las agentes fiscales ni a miembros de otros poderes del Estado. La remisión responde a la necesidad de que dicho órgano evalúe la situación y adopte las medidas que correspondan conforme a derecho.
El caso tiene su origen en la denuncia presentada por el juez penal especializado contra el Crimen Organizado del Segundo Turno de Asunción, Abg. Osmar Legal Troche, quien puso en conocimiento del Ministerio Público los datos extraídos del teléfono celular del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, obtenidos mediante autorización judicial. Estos datos incluyen conversaciones que podrían tener relevancia penal e involucran a diversos funcionarios estatales.
