Se trata del proyecto de ley “De reducción de impuestos inmobiliarios para adultos mayores de escasos recursos”, impulsado por el Diputado Santiago Benítez y tiene como objetivo establecer un régimen especial de reducción o exoneración del gravamen para las personas de este sector.
La iniciativa busca garantizar el derecho a la vivienda y mejorar la calidad de vida de quienes están en la tercera edad y no tienen los medios suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.
Según el proponente, el beneficio tendría una vigencia de cinco años, con posibilidad de renovación mediante la actualización de los datos del solicitante.
Igualmente, quedaría abierta la posibilidad de que las propias municipalidades puedan ampliar las exoneraciones según sus capacidades fiscales y las necesidades de la población.
El documento explica que este beneficio sería para las personas de 65 años en adelante, propietarios únicos del inmueble donde residen de forma permanente, que no posean otras propiedades dentro o fuera del país y cuyos ingresos mensuales no superen un umbral determinado por la autoridad fiscal.
Se establece distintos niveles de reducción según los ingresos del beneficiario.
Como primer nivel, una exoneración total para quienes perciban menos del 50 % del salario mínimo vigente.
Un segundo nivel con reducción del 75 % para quienes tengan ingresos de entre el 50 % y el 75 % del salario mínimo.
El tercer nivel pretende la reducción del 50 % para aquellos cuyos ingresos estén entre el 75 % y el 100 % del salario mínimo legal vigente.
Además, se prevé que los municipios puedan establecer incentivos adicionales para los beneficiarios, dentro de sus jurisdicciones.
El proyecto señala que los interesados deberán presentar una solicitud ante la autoridad fiscal correspondiente, junto con documentos que acrediten la situación patrimonial y económica.
Las solicitudes serán evaluadas en un plazo no mayor a 60 días hábiles con la posibilidad de otros recursos administrativos en caso de denegación.
Para garantizar la sostenibilidad del programa, se contempla la obtención de recursos a través de impuestos progresivos sobre propiedades de alto valor; responsabilidad social empresarial; y aportes de asistencia social.
El documento menciona que medidas similares han sido implementadas con éxito en otros países y será debatida en las comisiones asesoras de la Cámara Baja desde el mes de marzo.
