La Comisión de Agricultura y Ganadería, presidida por el diputado Juan Maciel concedió dictamen de aprobación al proyecto de ley “Que amplía el artículo 4° de la Ley N° 716/96, Que sanciona delitos contra el medio ambiente”.
La iniciativa busca que los responsables de pulverizaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos, que no cumplan con las mínimas condiciones de seguridad, también sean incluidos como causales para la sanción con penas privativas de libertad.
Legislación actual
El diputado Maciel explicó que la ley actual establece que serán sancionados con penitenciaría de tres a ocho años o multas de 500 a 2.000 jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas: a) Los que realicen tala o quema de bosques o formaciones vegetales que perjudiquen gravemente el ecosistema; b) Los que procedan a la explotación forestal de bosques declarados especiales o protectores; c) Los que trafiquen o comercialicen ilegalmente rollos de madera o sus derivados; y, d) Los que realicen obras hidráulicas tales como la canalización, desecación, represamiento o cualquier otra que altere el régimen natural de las fuentes o cursos de agua de los humedales, sin autorización expresa de la autoridad competente y los que atenten contra los mecanismos de control de aguas o los destruyan.
Nueva propuesta
La ampliación del referido artículo es la siguiente: “Los que realicen pulverizaciones aéreas y terrestres, utilizando agrotóxicos, fertilizantes, plaguicidas, insecticidas, u otros productos fitosanitarios de cualquier clasificación toxicológica en zonas adyacentes a asentamientos humanos, instituciones educativas públicas o privadas, centros y puestos de salud, plazas, lugares de concurrencia pública, nacientes y en cursos de agua, sin respetar las franjas de protección impuestas en la normativa aplicable”.
Además fundamentó la necesidad de regular el uso indiscriminado de agrotóxicos en nuestro país, donde se importan más de 50.000 toneladas anuales de estos productos.
«Se suceden denuncias sobre pulverizaciones cercanas a escuelas rurales que ponen en riesgo la salud de niños y jóvenes, obligando incluso al cierre de algunas instituciones», mencionó el legislador.
En ese sentido, dijo que la comisión a su cargo decidió emitir algunas modificaciones de aspecto técnico legal al proyecto de ley, las cuales serán fundamentadas durante su tratamiento en el orden del día, este martes 6 del corriente mes.
