El presidente de la República, Santiago Peña vetó totalmente la ley que permitiría al Ministerio de la Defensa Pública regular honorarios de sus abogados a usuarios del fuero penal que cuenten con recursos económicos para contratar un abogado privado.
La normativa modificaba la Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública permitiendo de esta forma la regulación de honorarios bajo el argumento de «recaudar» para el mejoramiento de las infraestructuras de la Defensa Pública.
La ley desvirtuaba por completo el rol de la Defensa Publica cuyo objetivo fundamental era «defender» a quienes no contaban con posibilidades de contratar el servicio de un profesional del Derecho.
