Trasun largo debate, la Cámara de Diputados rechazó y envió al archivo un proyecto de ley que buscaba modificar y ampliar el artículo 9 de la Ley N° 6980/2022 “De vigilancia y protección del espacio aéreo paraguayo”, incorporando la llamada «Fase III», para permitir a la Fuerza Aérea Paraguaya derribar aeronaves que representen una amenaza para la seguridad nacional.
El documento, impulsado por el diputado Rubén Rubín, se fundamentó en el derecho comparado, particularmente, en legislaciones similares existentes en Brasil y Colombia, según la exposición de motivos.
La iniciativa buscaba «dotar a la Fuerza Aérea Paraguaya de las herramientas necesarias para proteger el espacio aéreo y la soberanía nacional», especialmente, ante amenazas como el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas transfronterizas.
Rubín explicó que la ley actual establece dos fases a saber: “interceptación e identificación visual de la aeronave” y; “advertencias y disparos disuasorios”; protocolo al que el presente proyecto agrega el “derribo de la aeronave como último recurso”.
“La legislación actual habilita las fases I y II, para que en casos de detección de una aeronave ilícita, estas puedan ser escoltadas por la Fuerza Aérea, que entablará una comunicación por radio. Si la aeronave ilícita tiene desconectada la comunicación, en la fase II ya habla de la realización de tiros de advertencia”, refirió.
“La Fase III”, indicó el diputado Rubín, “ayudará en caso de que los tiros de advertencia sean ignorados por los ocupantes de la aeronave ilícita”.
Como titular de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, Pedro Ortiz se pronunció en contra basándose en respuestas depedidos de informes a instituciones como el Ministerio de Defensa Nacional.
“El derribo de aviones no puede estar asociado a un hecho ilícito o posible delito; las normativas y convenios internacionales no permiten dar pie a la iniciativa, teniendo en cuenta el principio legal de presunción de inocencia, el derecho a la vida y la garantía del debido proceso”.
En los mismos términos se expresó el diputado Mauricio Espínola quien señaló que la ley actual está acorde a los lineamientos, leyes y convenios internacionales a los que Paraguay está suscrito.
Finalmente, el proyecto no prosperó y fue derivado al archivo.
