El funcionario Miguel Robles, condenado por corrupción en la Gobernación de Central donde se encontraba comisionado durante la administración de Hugo Javier González permanece con suspensión en el cargo sin goce de sueldo desde enero de este año, tras haber sido privado de libertad en diciembre de 2024, aclaró Máximo Medina, director de RRHH de la cámara baja.
Explicó que la medida había sido dispuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-Capital), en cumplimiento de lo que establece la Ley de la Función Pública, que dispone la suspensión, sin goce de sueldo, para los funcionarios imposibilitados de asistir al trabajo.
“La suspensión se mantiene de forma indefinida mientras dure esa situación. La ley no contempla una figura de permiso por estar privado de libertad”, señaló el alto funcionario de la Cámara de Diputados.
Consultado sobre un posible reintegro, indicó que, según información publicada en medios, el funcionario Robles habría recuperado su libertad, pero que la Cámara aún no recibió ninguna notificación oficial.
“Al no contar con una condena firme, él puede solicitar su reingreso, debe adjuntar su resolución donde el juzgado le otorga la libertad y solicitar el levantamiento de la suspensión. La Cámara deberá analizar ese pedido”, explicó.
“La Ley de la Función Pública habla de que un funcionario cuando esta privado de su libertad y no pueda asistir debe ser suspendido, automáticamente, en el ejercicio de su cargo, sin goce de sueldo, mientras dure dicha situación. Esta medida no implicará desvinculación del cargo», explicó el asesor.
El Dr. Medina también reveló que Robles fue sumariado antes de su detención por ausencias injustificadas durante el 2024, sumando un total de 46 días. En base a eso se había solicitado su destitución, pero el juez instructor del sumario dispuso una sanción de suspensión de 30 días, que aún no fue aplicada por encontrarse el funcionario suspendido por otra causa.
Sobre la posibilidad de que el funcionario solicite el cobro retroactivo de salarios, el abogado Medina fue tajante: “Al no haber contraprestación, no corresponde ningún pago. No se puede pagar salario si no se cumplió con las funciones”.
Respecto a si la Cámara de Diputados podría rechazar un eventual pedido de reincorporación, el asesor jurídico subrayó que cualquier decisión debe ajustarse a la ley. “No se le puede desvincular sin una condena firme; tampoco se le puede negar, automáticamente, el reintegro, aunque eso debe ser evaluado en su momento. En caso de reintegrarse deberá cumplir la sanción pendiente de 30 días”, indicó.
Sobre otros casos, mencionó que el funcionario William Bogarín cuenta con un sobreseimiento en su causa y que no tiene impedimentos legales para seguir trabajando. En cuanto a un funcionario asignado al diputado Carlos Godoy, aclaró que su nombramiento fue legal y que en su legajo no obra ningún antecedente al momento de ser nombrado.
