La trágica muerte de una niña de 13 años embarazada tras dar a luz en el Hospital de Santa Rosa del Aguaray, producto de un abuso sexual desató ayer un intenso debate en el Senado, centrado en la responsabilidad del Estado y la influencia de posturas no científicas en el sistema de salud. La senadora Esperanza Martínez lamentó profundamente la situación y aseguró que «esta niña no debería estar muerta. «Murió porque ganó el fanatismo a la ciencia», destacó y agregó que hubo «negligencia» responsabilizando al Estado por llevar adelante una «campaña que fanatiza y excluye a la ciencia de las decisiones».
Martínez enfatizó que el sistema de salud opera «con miedo de actuar científicamente» a pesar de que la legislación actual, específicamente el Código Penal, contempla excepciones para preservar la vida de la madre en embarazos de riesgo. Recordó un caso previo en la UNA donde un comité de ética, incluyendo un sacerdote, autorizó una intervención para salvar la vida de una mujer con embarazo ectópico. Además, la senadora advirtió sobre la existencia de otras dos niñas que también deberán parir a consecuencia de abusos, señalando fallos tanto en el sistema de salud como en el educativo.
Por su parte, la senadora Lizarella Valiente, expresó su dolor por la tragedia y el abuso pero resaltó que a pesar de la tragedia de la madre, «producto de esta tragedia, hoy vive una niña» y afirmó que el Estado está presente, asistiéndola a través del programa DICUIDA (Programa de Cuidados Alternativos y Adopción), velando por su derecho a la vida más allá de las circunstancias.
