La Cámara Alta aprobó en la víspera una declaración que repudia el accionar de la Policía Nacional en un evento organizado por CONFERPAR, en el que se impidió a un sacerdote portar un cartel que exigía transporte público eficiente.
En una sesión extraordinaria celebrada este miércoles la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de declaración “que rechaza enérgicamente la intervención policial en la peregrinación religiosa que restringió el derecho de libre expresión del padre Alberto Luna”.
El proyecto fue presentado con las firmas de las senadoras Lilian Samaniego, Yolanda Paredes y Esperanza Martínez, y de los senadores Rafael Filizzola, José Oviedo, Ever Villalba, Ignacio Iramain y Eduardo Nakayama.
En el proyecto aprobado se insta además al Poder Ejecutivo y al Ministerio del Interior a revisar los procedimientos establecidos por la normativa conocida como “Ley del marchódromo”, con el fin de garantizar que eventos colectivos, religiosos o cívicos no se vean limitados por portar mensajes con contenido social o político.
El hecho que motivó la declaración ocurrió durante una peregrinación organizada por la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay (CONFERPAR), en el marco del Año del Jubileo, y el sacerdote Alberto Luna participó de la peregrinación portando un cartel con la consigna “Reforma del transporte público ya!”. Al llegar al perímetro del Congreso Nacional, agentes de la Policía Nacional le impidieron continuar y le exigieron retirar el cartel, alegando disposiciones de la citada ley y que se trataba de algo con contenido político. Según el testimonio del sacerdote, se le advirtió que podría ser detenido si persistía en exhibir el mensaje.
“Un acto sumamente autoritario que afectan los valores más básicos de la democracia. Bajo la justificación de la Ley del Marchódromo se lo calificó de ‘infiltrado’, lo que evidencia un intento de deslegitimar un reclamo social de profundo interés para todos los paraguayos y paraguayas”, dijo el proyectista senador Rafael Filizzola.
La exposición de motivos de la declaración recuerda que durante el régimen dictatorial de Alfredo Stroessner (1954–1989) se implementaron prácticas sistemáticas de censura ideológica, incluyendo la represión de expresiones religiosas con contenido social o político. En ese contexto, se mencionan antecedentes como la censura de homilías, restricciones a procesiones religiosas con mensajes críticos y la persecución a figuras eclesiásticas como monseñor Demetrio Aquino o el padre Francisco de Paula Oliva, “Pa’i Oliva”.
Finalmente, el documento señala que las amenazas al padre Luna y el calificativo de “infiltrado” reproducen mecanismos de censura encubiertos bajo argumentos de orden público. Según lo aprobado por el Senado, esta situación amerita una respuesta institucional clara en defensa de los derechos fundamentales.
«Esta estrategia de descalificación de los reclamos populares es totalmente incompatible con el rol del Estado, que debe proteger los derechos humanos y respaldar a líderes comunitarios y religiosos que actúan como voceros de las demandas ciudadanas», finalizó Filizzola.
