El día después de la destitución de Miguel Prieto del cargo de intendente de Ciudad del Este por parte de la Cámara de Diputados, la Corte Suprema de Justicia rechazó una apelación presentada por su defensa y destrabó la causa por supuesta lesión de confianza y asociación criminal. Con el fallo, el juez Humberto Otazú podrá volver a citar a Prieto para la audiencia preliminar.
La causa está relacionada con el presunto negociado en la compra de kits de alimentos destinados a familias vulnerables durante la pandemia de la COVID-19. En la audiencia preliminar, el juzgado resolverá si Prieto y los demás acusados van o no a juicio oral y público.
En cuanto a la decisión de la Corte, los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y César Garay votaron por no admitir el recurso para su estudio. La apelación fue planteada contra la resolución de segunda instancia que rechazó una recusación contra el juez de garantías.
Según la acusación, Prieto encabezó un esquema integrado por funcionarios a su cargo para el desvío de recursos municipales, lo que derivó en un perjuicio patrimonial a la institución de G. 2.130.036.160.
La Fiscalía sostiene que la estructura estuvo integrada por funcionarios y Directores Municipales a su cargo, así como terceros entre los que se citan: Lic. Maggi Fariña, Coordinadora de la UOC; Econ. Sebastian Martínez, Director de Desarrollo Social (actual Concejal Municipal); Francisco Arrúa Alvarez, Director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, Jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramirez y Nelson Segovia Acevedo, del área financiera; José Félix Cáceres Galeano, Jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benitez Gamarra, Jefe de Almacenes; Fermin Avalos Britos, de TIA CHELA S.R.L, y Emili Vanessa Florentin Paez, Presidenta de VANEMI SA. Fuente: Megacadena.com.py
