Diputados, en sesión ordinaria, aprobó con modificaciones un proyecto de ley “Que establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos, sobre salarios y remuneraciones por servicios personales pagados en organismos y entidades del Estado”.
La propuesta surge como respuesta a la situación que enfrentan muchos empleados y funcionarios públicos, quienes actualmente sufren descuentos y embargos significativos sobre sus ingresos, lo que limita la capacidad de cubrir necesidades básicas.
Los proyectistas fundamentan que el Estado se encuentra en la obligación de velar porque las remuneraciones cumplan con el objetivo de lo dispuesto en los artículos 92 y 102 de la Constitución Nacional, que asegura una retribución que permita el desarrollo libre y digno de cada trabajador; en este caso, los empleados y funcionarios públicos.
Este sector, por diversas causas, cae en insolvencia tras créditos y descuentos compulsivos que acaban por privar al trabajador de la remuneración por su esfuerzo diario, sostiene la normativa.
Hasta el 50 %
El texto indica que los descuentos compulsivos derivados de créditos o embargos no podrán exceder el 50 % de los ingresos mensuales del funcionario público, siempre que se trate de conceptos debidamente autorizados por el trabajador y canalizados por asociaciones, cooperativas, sindicatos o mutuales reconocidos.
La medida busca equilibrar el acceso al crédito con la protección del salario como medio de subsistencia.
“Este proyecto de ley no tiene por intención recortar o dificultar el crédito, que constituye uno de los motores de la economía, sino que regular los descuentos que pueda sufrir un empleado o funcionario público, ya sea por embargos de autoridad competente, de descuentos autorizados en sus lugares de trabajos, por aportes o créditos a sus asociaciones, cooperativas, sindicatos o mutuales que integren”, dice el escrito.
Variantes sugeridas
La diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), presidente de la Comisión de Presupuesto, defendió el dictamen que aconsejó la aprobación con modificaciones.
Entre los cambios sugeridos figura la sustitución de los términos “empleado público; funcionario público; y quien ocupe un cargo de conducción política”, por el de servidor público, en concordancia con la Ley N° 7445/2025 – “De la Función Pública y del Servicio Civil”.
Se excluye a las personas beneficiarias de pasividad y beneficiarios de programas sociales, del alcance.
A su vez, se designa a las “Unidades de Gestión y Desarrollo de las Personas” de cada entidad, como responsables de recibir denuncias y aplicar la norma.
La comisión incorporó un artículo que define el orden de aplicación de los descuentos y establece sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento, lo cual será considerado faltas graves, según lo previsto en la Ley N° 7445/25.
La diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), titular de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, se allanó al dictamen de Presupuesto y subrayó que “esto garantiza que los descuentos no superen el 50 % del ingreso mensual”.
También habló de mayores requisitos de autorización y transparencia.
Herramienta para prevenir abusos
En tanto, el diputado Jorge Ávalos M., presidente de la Comisión de Legislación y Codificación, al opinar sobre el proyecto de ley en estudio, señaló que el mismo introduce “herramientas claras para prevenir abusos y garantizar la transparencia”.
La legisladora Rocío Vallejo destacó que las modificaciones mejoran sustancialmente la media sanción proveniente del Senado; sobre todo con la incorporación de un artículo que establece la prelación de cobros, ordenando los múltiples descuentos que en ocasiones enfrentan los trabajadores.
El documento será devuelto al Senado luego de coincidir en que la medida constituye un paso importante hacia la justicia social y el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores del sector público. Fuente: Diputados
