En el marco del juicio oral y público que enfrenta el extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, junto al empresario Alberto Koube Ayala, varios testigos prestaron declaración confirmando la acusación presentada por el agente fiscal Silvio Corbeta por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, lavado de dinero y asociación criminal.
Las testigos, funcionarias de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la SEN, relataron ante el Tribunal de Sentencia que recibían instrucciones —a través de notas, indicaciones verbales o pequeños recordatorios escritos— de parte de la señora María Elena Muñoz, de la Dirección de Administración y Finanzas, sobre cuáles serían las empresas invitadas en los procesos de contratación. Según señalaron, todas correspondían a firmas vinculadas a Koube.
También manifestaron que la secretaria de dicha funcionaria retiraba los documentos referentes a las licitaciones en las que participaban empresas del empresario, confirmando así el direccionamiento de los procesos licitatorios hacia el Grupo Tapyracuai S.A. y otras sociedades relacionadas.
De acuerdo con la acusación fiscal, está acreditado que Roa, quien estuvo al frente de la SEN entre agosto de 2013 y febrero de 2022, recibió beneficios económicos indebidos de Koube Ayala a cambio de adjudicaciones a su grupo empresarial, que resultó beneficiado con al menos 11 licitaciones por un monto aproximado de G. 16.080 millones, provenientes del fondo de emergencia.
Asimismo, la investigación señala que en agosto de 2018, Roa recibió de Koube una embarcación marca Azimut AZ 42, valuada en aproximadamente USD 450.000, como contraprestación por los favorecimientos en contrataciones.
