La plenaria de la Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria de este martes, analizará un proyecto de ley que propone elevar de 8 a 20 años la pena máxima de privación de libertad para adolescentes de entre 14 y 17 años que cometan hechos punibles calificados como crímenes por el derecho penal común.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca modificar el artículo 207 del Código de la Niñez y de la Adolescencia.
Los impulsores de la reforma fundamentan su propuesta en el «aumento del índice de criminalidad cometidos por menores de edad» y la necesidad de «endurecer las penas a los infractores respecto a los hechos punibles considerados graves».
En la exposición de motivos se señala que actualmente existen casos de adolescentes que «cometen crímenes con premeditación y extrema violencia en pleno uso de sus facultades mentales».
El proyecto también denuncia que «estructuras delictivas organizadas se valen de menores de edad para la ejecución de delitos, sabiendo que estos recibirán sanciones reducidas o medidas socioeducativas leves», lo que según el documento «no solo socava la autoridad del Estado, sino que también expone a los propios menores a contextos de violencia, abuso y muerte».
Además del aumento en la duración máxima de las medidas privativas de libertad, la iniciativa contempla: Evaluación pericial obligatoria para determinar la capacidad de discernimiento del menor infractor; sistema mixto de responsabilidad penal juvenil que combine sanciones proporcionales con programas obligatorios de rehabilitación y reinserción; criterios de proporcionalidad, reincidencia y evaluación de la madurez psíquica del infractor.
Los promotores del proyecto fundamentan su propuesta en el artículo 20 de la Constitución Nacional, que establece que «las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad».
También invocan disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica, argumentando que si los menores tienen derecho a las mismas garantías judiciales que los adultos, también deben asumir «las mismas obligaciones y/o consecuencias».
Según la exposición de motivos, el proyecto busca establecer un marco normativo que desincentive el crimen organizado; prevenir la propagación de impunidad respecto a infracciones cometidas por menores; brindar protección legal y social a los habitantes de Paraguay; y reducir la alta tasa de criminalidad de menores de edad a través de la coerción legal.
Redacción actual del Art. 207:»En caso de un hecho calificado como crimen por el Derecho Penal común, la duración máxima de la medida será de ocho años».
Redacción propuesta: «En caso de un hecho calificado como crimen por el Derecho Penal común, la duración máxima de la medida será de veinte años».
Se encuentra en su segundo trámite constitucional, tras su aprobación, en primera instancia, por la Cámara de Senadores.
