Una nueva recusación volvió a suspender este lunes la audiencia preliminar del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y de otros acusados por el presunto negociado en la compra de alimentos destinados a familias vulnerables durante la pandemia del COVID-19.
El abogado Roberto Carlos Benítez presentó una recusación contra el juez Humberto Otazú, alegando “odio y resentimiento” por parte del magistrado, además de una supuesta falta de imparcialidad e independencia. La acción detuvo nuevamente el desarrollo del proceso.
Con esta maniobra, será la Cámara de Apelación la que deberá intervenir para resolver si Otazú continúa o no al frente de la causa, paso necesario para que se pueda realizar la audiencia y definir si el caso se eleva a juicio oral.
De acuerdo con la acusación fiscal, Prieto habría encabezado un esquema de desvío de recursos municipales, con un perjuicio estimado en G. 2.130 millones. En la causa también figuran varios exfuncionarios de su administración y representantes de empresas proveedoras.
Entre los acusados se encuentran Maggi Fariña, Sebastián Martínez (actual concejal municipal), Francisco Arrúa Álvarez, Higinio Acuña, Cirle Alcaraz, Nelson Segovia, José Félix Cáceres, Julián Benítez, Fermín Ávalos Britos (de Tía Chela S.R.L.) y Emili Florentín Páez (Vanemi S.A.).
