La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar el recurso extraordinario de casación presentado por los procesados Kiantar Betancourt, Preston Moon y otros, en el marco de una causa por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y tentativa de estafa. La máxima instancia judicial dio un nuevo revés a personas vinculadas de empresas offshore que pretenderian apropiarse de unas 310.000 hectáreas en el Chaco paraguayo, cuyo valor se estima en unos 500 millones de dólares.
“Los abogados Arturo Daniel (presidente del Colegio de Abogados del Paraguay) y Rodrigo Yódice, en representación del imputado Kiantar Betancourt, sufrieron una vez más un duro revés en su afán de esquivar a la justicia”, dijo el abogado Gerardo Galeano, representante legal de la Asociación Espíritu Santo.
El entrevistado explicó que esta resolución permitirá finalmente convocar a la audiencia preliminar, pendiente desde hace más de ocho años.
“En ese sentido, la Sala Penal de la Corte rechazó, por extemporáneo, el recurso extraordinario de casación interpuesto contra el A.I. N.º 347 del 30 de diciembre de 2024, dictado por el Tribunal de Apelaciones de la Primera Sala, debido a la extemporaneidad en su presentación. De esta manera, deberá llevarse adelante la audiencia preliminar de los mismos y practicarse las diligencias pendientes requeridas por el Ministerio Público para avanzar con la investigación penal”, detalló Galeano.
El Ministerio Público había imputado el 17 de octubre de 2017 al ciudadano estadounidense Kiantar Betancourt por los hechos mencionados, señalándolo como presunto representante en Paraguay de las firmas offshore Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, todas radicadas en paraísos fiscales.
Estas empresas fueron las mismas beneficiadas por la polémica sentencia de la ex jueza Tania Irún, quien ordenó ceder las tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza a las firmas extranjeras, lo que finalmente derivó en su destitución por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), medida luego ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con el acta de imputación, Betancourt habría insertado hechos y declaraciones falsas con relevancia jurídica en diversas actas notariales y escrituras públicas, aparentando una supuesta deuda inexistente de 15 millones de dólares a favor de la Asociación Espíritu Santo. Sin embargo, el valor real de las tierras en disputa superaría los 500 millones de dólares, según la denuncia.
