Luego de la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la jueza Penal de Garantías Clara Ruiz Díaz debe fijar fecha para la audiencia preliminar del empresario estadounidense Kiam Tar Betancourt, imputado en el marco de la investigación por una supuesta estafa millonaria en el Chaco. También están procesados Preston Moon, Gerónimo Amarilla, John Andrew Mowris, Thomas Field, entre otros.
Tras ocho años de maniobras judiciales, la máxima instancia destrabó una causa por tentativa de estafa de 500 millones de dólares, que involucra a las empresas Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, todas radicadas en paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas y Chipre.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por los procesados. El fallo representa un revés para las firmas offshore, que según la denuncia pretenden apropiarse fraudulentamente de unas 310.000 hectáreas en el Chaco paraguayo, cuyo valor se estima en 500 millones de dólares. Los acusados enfrentan cargos por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y tentativa de estafa.
“Forman parte de una veintena de chicanas, voy a utilizar el término porque así es como lo veo yo, entre excepciones, recusaciones, recursos de casación y apelaciones que pretenden frenar el avance de este proceso penal”, señaló el abogado Francisco de Vargas, representante de la Asociación Espíritu Santo, titular de las tierras en litigio.
El Ministerio Público había imputado el 17 de octubre de 2017 al ciudadano estadounidense Kiantar Betancourt, a quien señala como presunto representante en Paraguay de las cuatro firmas offshore radicadas en paraísos fiscales.
La imputación sostiene que Betancourt y otros habría insertado hechos y declaraciones falsas en actas notariales, simulando una deuda inexistente de 15 millones de dólares a nombre de la Asociación Espíritu Santo. Sobre esa supuesta deuda, las empresas offshore habrían reclamado la titulación de tierras valoradas en 500 millones de dólares como garantía del préstamo inexistente.
Como consecuencia de estos hechos las offshores fueron beneficiadas por una polémica sentencia de la ex jueza Tania Irún, quien ordenó ceder las tierras a las firmas extranjeras, que según la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó a la Cámara de Senadores, no están registradas en Paraguay. Esa decisión le valió posteriormente su destitución por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y una acusación por prevaricato.
