La Contraloría General de la República expuso un panorama crítico sobre la gestión de recursos públicos durante el último ejercicio, al presentar su informe anual de auditoría. El organismo identificó un daño patrimonial superior a G. 1,2 billones, con 32 casos que contienen indicios de hechos punibles, remitidos ya al Ministerio Público. Según la institución, se trata del volumen más alto de reportes elevados a la Justicia en los últimos años, lo que revela una profundización de las fallas administrativas dentro del Estado.
El documento abarca más de 1.300 actividades de control realizadas en ministerios, secretarías, entes descentralizados y organismos que administran fondos del Presupuesto General de la Nación. De acuerdo con el informe, el Poder Ejecutivo concentra la mayor cantidad de irregularidades, destacándose casos en áreas sensibles como obras públicas, salud, relaciones exteriores y seguridad.
Entre los hallazgos, la CGR señala la falta de veracidad en los estados contables de varios ministerios, con balances que no reflejan la situación real observada durante las auditorías. También se detectaron activos obsoletos que continúan registrados como bienes operativos —como patrulleras inutilizadas— y compras injustificadas, incluida la provisión de medicamentos para un paciente ya fallecido sin reasignación posterior.
El informe además expone deficiencias estructurales en los sistemas de control interno, al evidenciar que solo un mínimo porcentaje de instituciones cuenta con mecanismos adecuados para prevenir o detectar irregularidades. La Contraloría advierte que esta debilidad facilita desvíos, omisiones y prácticas que pueden derivar en responsabilidad penal o administrativa.
Desde la CGR subrayan que los resultados deben servir como alerta y como punto de partida para una corrección profunda en la gestión pública. El organismo remarcó que la vigencia de nuevas normativas de integridad obliga a las instituciones a mejorar la trazabilidad del gasto y transparentar su ejecución. El desafío, recalcan, no es solo sancionar hechos punibles, sino revertir un patrón de prácticas que compromete la confianza ciudadana y la eficiencia del Estado.
