Los agentes fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Jorge Arce Rolandi y Yeimy Rossana Adle Monges solicitaron al Juzgado Civil y Comercial el acceso íntegro al expediente “Cusabo y otros c/ Asociación Espíritu Santo s/ Obligación de hacer Escritura Pública”, trámite que autorizó la transferencia de unas 310 mil hectáreas en el Chaco. El pedido se realiza en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero y evasión impositiva denunciada por el abogado Francisco de Vargas en representación de la Asociación del Espíritu Santo.
El escrito presentado ante el juez Heinrich Fabián von Lüken Gamarra busca obtener copias autenticadas del expediente o, en su defecto, la vinculación electrónica del fiscal Arce para acceder a todas las actuaciones realizadas desde 2014. Los representantes del Ministerio Público señalan que estas actuaciones deben incorporarse en su totalidad al cuaderno de investigación, ya que podrían aportar elementos relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
El expediente solicitado corresponde al juicio en el que las offshore Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited reclamaron la inscripción de los inmuebles. Estas firmas estaban registradas en paraísos fiscales como Chipre y las Islas Vírgenes Británicas y fueron utilizadas para la cesión internacional de los derechos sobre las tierras. El caso fue resuelto por la entonces jueza Tania Irún, quien autorizó la transferencia de tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza, decisión por la cual fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ratificada por la Corte Suprema de Justicia y actualmente se encuentra acusada por prevaricato por el Ministerio Público.
En cuanto a la solicitud fiscal, esta guarda relación con el proceso ya de investigación de la denuncia presentada por De Vargas en contra de Preston Moon, Kiantar Betancourt y otros. Expuso que la Asociación habría sido despojada de su patrimonio mediante la simulación de una asamblea, la dación en pago de una supuesta deuda sin respaldo documental y la posterior cesión de tierras a las citadas firmas offshore. Según la denuncia, estos movimientos conformarían un presunto esquema destinado a ocultar operaciones, eludir impuestos y triangular activos mediante empresas sin actividad real.
La denuncia refiere también a informes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, donde se señala que las sociedades extranjeras que intervinieron en las transferencias no estaban registradas en Paraguay y no declararon las operaciones, lo que supuestamente habría permitido evitar el pago de los impuestos correspondientes a la transmisión de inmuebles ubicados en territorio nacional. De acuerdo con la DNIT, esta omisión vulneraría el principio de territorialidad fiscal y configuraría un presunto caso de evasión impositiva.
La investigación del Ministerio Público se centra en determinar la ruta de las operaciones y el rol de cada participante en un esquema que se presume podría haber generado un perjuicio estimado en más de 300 millones de dólares para las arcas del Estado.
