El pleno de Diputados sancionó un proyecto de ley «Que establece mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos, acciones preparatorias y de cobro de guaraníes». Esto ya contaba con media sanción del Senado.
La normativa pretende una reparación histórica para las víctimas de la “mafia de los pagarés”, según manifestaron varios diputados.
El documento establece mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos, acciones preparatorias y de cobro de guaraníes.
Fue elaborado por el Ministerio de la Defensa Pública, en colaboración con una Comisión Especial de Investigación, como respuesta al esquema conocido como la «mafia de los pagarés».
La diputada Rocío Abed lamentó la pesadilla que vivieron muchos funcionarios públicos, especialmente docentes.
Mencionó como objetivo primordial: “dar una pequeña luz al final del túnel para estas familias que ya tanto han sufrido”.
El diputado Hugo Meza explicó que la iniciativa busca atender con urgencia un problema que ha generado miles de juicios ejecutivos irregulares.
Se mostró a favor y solicitó la aprobación de la “versión Senado”.
El legislador Antonio Buzarquis también se mostró a favor e indicó que “miles de paraguayos fueron estafados; sus documentos fueron adulterados, fueron perseguidos; muchos de ellos quedaron en las calles, con deudas; muchos incluso perdieron la vida”.
Con el proyecto se puede hacer una reparación histórica, sentenció.
Cristina Villalba también expresó su apoyo a la versión Senado y solicitó a todos los poderes del Estado “el inicio de un proceso de castigo y que la ley caiga fuertemente sobre esta gente que hoy está albergada en mansiones mientras que hay otras personas llorando, despojadas de sus dignos salarios por un grupo de mafiosos”.
Medidas relevantes
Entre las medidas destacadas se puede mencionar la directiva de saneamiento de los expedientes no localizados.
Las secretarías judiciales tendrán un plazo de 10 días para informar si un expediente no se encuentra.
En caso de extravío, el juez deberá ordenar de oficio su reconstitución.
Contempla la suspensión y levantamiento de medidas cautelares en juicios con expedientes extraviados; la declaración de nulidad de oficio cuando se verifiquen graves irregularidades en el proceso; la protección a personas vulnerables, con asistencia del Ministerio de la Defensa Pública; y la modernización de notificaciones, incorporando el correo electrónico y la mensajería instantánea para que los demandados puedan acceder a información sobre sus juicios.
Con apoyo unánime, el proyecto fue sancionado y pasó al Poder Ejecutivo.