Tras la confirmación de transportistas que mantendrán la medida de paro para este martes 16 y miércoles 17, el Gobierno cuenta con un plan de contingencia que se pondrá en marcha desde las 05:00. Se brindará cobertura con vehículos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Patrulla Caminera, Itaipu Binacional y otros organismos.
Cuatro empresas comunicaron formalmente al Ministerio de Trabajo y Empleo (Mtess) que se suman a la huelga, lo que representa 341 unidades de transporte: Automotores Guaraní S.R.L, De la Conquista S.A, Transporte y Turismo Aldana, y Transporte y Turismo Lambaré. «Sin embargo, debe estar en servicio el 60% de los buses, y solo el 40% tienen que parar conforme a lo que hoy tenemos en normativa”, explicó el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández en conferencia de prensa en Mburuvicha Róga.
La medida de fuerza es llevada adelante por sectores del transporte en oposición a la Ley de Reforma del Transporte Público, sancionada por el Congreso el 10 de diciembre pasado.
El viceministro sostuvo que los principales reclamos del sector ya fueron atendidos en su tratamiento en el Congreso. El proyecto de ley contempla que si un operador del transporte asume la concesión de una unidad ya operativa deberá incorporar a todos los trabajadores de los últimos dos años que hayan quedado cesados.
Además se elimina la redacción original que establecía la facultad del nuevo operador de llevar a cabo una evaluación de idoneidad de los conductores.
Igualmente, se incluye que los contratos para la provisión de servicios tendrán una duración mínima de 7 años.
Adhesión a la huelga
Las autoridades informaron que 341 unidades se acoplan a la huelga y que toda otra empresa, organización o sindicato que no haya informado de su adhesión hasta 72 horas, si participa de la medida de fuerza lo hará de forma ilegal.
Al tratarse de un servicio imprescindible para la ciudadanía, el transporte público debe sostener un nivel mínimo de operación del 60% en cada franja horaria. El cumplimiento será monitoreado en tiempo real y se aplicarán sanciones a las empresas que no respeten los niveles establecidos, incluyendo multas económicas y otras medidas previstas en la ley.
