En representación de la Asociación del Espíritu Santo, el abogado Francisco de Vargas presentó un nuevo petitorio ante los agentes fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Jorge Arce Rolandi, Yeimy Rossana Adle Monges y Verónica Valdez, en el marco de la denuncia penal por presunta evasión impositiva y lavado de activos contra Hyun Jin Moon, conocido como Preston Moon, Kiantar Betancourt y otros.
La causa investiga la supuesta transferencia irregular de unas 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en el Chaco paraguayo, mediante contratos celebrados en el extranjero y la utilización de empresas interpuestas. Según la denuncia, estas operaciones habrían permitido ocultar transacciones, eludir impuestos y generar un perjuicio económico de gran magnitud al Estado.
Entre los pedidos centrales figura el requerimiento de informes a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios para determinar qué impuestos debieron pagarse por las transferencias, cuáles habrían sido omitidos y quiénes serían los responsables tributarios. El petitorio solicita además que la DNIT informe si las sociedades involucradas presentaron declaraciones juradas o si existen sanciones administrativas o sumarios en curso.
El escrito identifica a las empresas Madera Dura S.A., Altos Primas S.A., Aires del Molino S.A. y Fuente Brillante S.A., así como a las sociedades offshore Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, señaladas como intervinientes en la cadena de cesión de derechos. Estas últimas, según la denuncia, estaban registradas en Chipre y las Islas Vírgenes Británicas y no habrían declarado operaciones en Paraguay.
De Vargas también solicitó que se active la cooperación internacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, para acceder a información societaria y bancaria de las firmas offshore. El objetivo es reconstruir el recorrido de las operaciones y establecer si estas empresas fueron utilizadas como vehículos de ocultamiento.
Otro punto clave es la realización de una pericia contable y financiera sobre los contratos de dación en pago y cesión de inmuebles. La medida apunta a verificar si existió realmente la supuesta deuda de 15 millones de dólares invocada para justificar la transferencia, comparar ese monto con el valor real de las tierras y cuantificar el presunto perjuicio fiscal causado al Estado paraguayo.
El petitorio incluye además la convocatoria a declarar de los representantes legales de las empresas involucradas y de los miembros de la Asociación que participaron en la asamblea general extraordinaria de 2008, así como pedidos de informes a la Dirección General de los Registros Públicos y un análisis de operaciones sospechosas por parte de la SEPRELAD.
