Ante el JEM cuestionan el uso de publicaciones en redes para presunto amedrentamiento y resalta votos de los ministros de la Corte Benítez Riera y Ramírez Candia que ya advertían graves irregularidades en una decisión vinculada a tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.
Una presentación dirigida al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) plantea la existencia de una supuesta persecución institucional contra la fiscal general adjunta Soledad Machuca, en relación con la acusación por presunto prevaricato formulada contra la exjueza Tania Irún, en una causa vinculada a la aplicación de la Ley de Seguridad Fronteriza.
El escrito fue presentado por Gerardo Galeano, en representación de la Asociación Espíritu Santo, y cuestiona que el JEM haya tomado conocimiento del caso a partir de publicaciones en redes sociales.
Como parte del contexto expuesto en el documento, señala que la entonces jueza Tania Irún, en el año 2018, dictó una resolución mediante la cual se dispuso la cesión de aproximadamente 310.000 hectáreas de tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza a favor de empresas offshore radicadas en paraísos fiscales. Esta actuación dio origen a posteriores actuaciones institucionales y judiciales.
De acuerdo con lo señalado en la presentación, por dicha decisión la exmagistrada fue removida de la judicatura por el propio Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, resolución que posteriormente habría sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Actualmente Irún se encuentra acusada por presunto prevaricato y a la espera de un juicio oral y público, en el marco de un proceso impulsado por el Ministerio Público.
El documento también pone énfasis en el análisis de los representantes de la Corte Suprema de Justicia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En ese sentido cita lo dicho por el ministro Luis María Benítez Riera, quien sostuvo que “la Magistrada (Tania Irún) inobservó los requerimientos de la Ley 2532/05 al momento de decidir en la causa, porque colocó en una situación de peligro al Estado en lo que hace a su seguridad territorial”.
Durante el mismo proceso ante el JEM el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia expresó en su voto que “la Jueza (…) se encontraba de vacaciones (…) y sin que la Corte haya dado por finalizado su periodo de vacaciones tomó la decisión, por lo tanto, técnicamente no tenía competencia en ese momento del dictado de la resolución”.
Según la presentación, el caso fue oportunamente analizado por el JEM con participación de ministros de la Corte Suprema, y se recuerda que actualmente Ramírez Candia integra nuevamente el Jurado en representación del máximo tribunal.
Finalmente, el escrito sostiene que la incorporación de publicaciones y titulares ante el JEM tendría como efecto generar presión institucional sobre la fiscal Soledad Machuca, en relación con la acusación presentada. En ese marco, se solicita al Jurado que adopte las medidas que considere pertinentes para evitar una supuesta persecución y garantizar el normal ejercicio de las funciones del Ministerio Público.
