El Presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley N.º 7561 de Arbitraje, una normativa clave que moderniza el sistema de resolución de conflictos en el Paraguay y fortalece el marco jurídico del país, con impacto directo en la inversión, la actividad económica y el acceso a una justicia más ágil y eficiente.
La promulgación se realizó en la sede del Poder Judicial, en un acto de alto valor institucional que simboliza la cooperación entre los poderes del Estado y el compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho.
Durante el encuentro, se destacó que la nueva ley es resultado de un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el sector privado, desarrollado a lo largo de más de dos años, y alineado con estándares internacionales en materia de arbitraje.
Un sistema moderno y claro
La nueva Ley establece un marco actualizado para el arbitraje privado, nacional e internacional, permitiendo que las controversias patrimoniales y transigibles puedan resolverse mediante este mecanismo alternativo, siempre que el lugar del arbitraje se encuentre en territorio nacional.
Así también, la normativa define con mayor precisión qué tipos de controversias pueden someterse a arbitraje, brindando previsibilidad y seguridad jurídica tanto a particulares como a inversores.
El Estado también puede acudir al arbitraje
Uno de los avances más relevantes de la ley es que los organismos y entidades del Estado, las municipalidades, las sociedades con participación estatal y las entidades binacionales podrán someter a arbitraje sus contratos y diferencias con particulares, siempre que no se trate de cuestiones regidas exclusivamente por el derecho público.
En estos casos, el arbitraje será siempre de derecho y deberá respetar el principio de publicidad, garantizando transparencia en los procesos que involucren recursos públicos.
Arbitraje como complemento del Poder Judicial
Durante el acto, se subrayó que el arbitraje no reemplaza al Poder Judicial, sino que actúa como un aliado estratégico para resolver disputas de manera más rápida y eficiente, contribuyendo a descomprimir la carga judicial.
La ley establece reglas claras sobre la intervención judicial, limitándola únicamente a los casos expresamente previstos, como la adopción de medidas cautelares, la ejecución de laudos o su eventual anulación, reforzando la autonomía del tribunal arbitral.
Con esta normativa, Paraguay consolida un ecosistema jurídico moderno y confiable, acorde al contexto internacional y al reciente reconocimiento del país con el grado de inversión, generando condiciones favorables para atraer capitales, promover grandes proyectos y fortalecer la competitividad nacional.
